Acusan al Ministerio de Transición Ecológica de “arbitrariedad” y advierten con acciones legales si no se atiende su solicitud en dos días
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han enviado una carta formal a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, exigiendo la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, cuya celebración fue suspendida el pasado martes 22 de julio.
En el escrito, los gobiernos autonómicos acusan al Ministerio de actuar con «arbitrariedad», «capricho» y cometer una posible «desviación de poder» al negarse a convocar la sesión extraordinaria que habían solicitado dentro de los márgenes legales. En dicha Conferencia debía aprobarse el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo, exigido por la Directiva 92/43/CEE, con plazo límite el próximo 31 de julio.
Advertencia legal si no se convoca en 48 horas
Las comunidades firmantes advierten a la ministra Aagesen de que, si no se atiende su petición en un plazo de dos días hábiles, se reservan el derecho a emprender acciones legales.
Además del informe sobre el lobo, en la orden del día suspendida también figuraban otros puntos considerados urgentes, como el reparto de fondos de los programas PIMA Cambio Climático y Especies Críticas 2025, vitales para ejecutar inversiones en biodiversidad y conservación ambiental.
Recurso del defensor del pueblo, eje de la polémica
El Ministerio para la Transición Ecológica justifica la cancelación de la Conferencia en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra tres disposiciones de la Ley de Prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Sin embargo, las comunidades populares subrayan que dicho recurso no guarda relación con los acuerdos previstos en la Conferencia y no justifica su suspensión.
El PP pide explicaciones al defensor del pueblo en el Congreso
En paralelo, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado la solicitud de comparecencia en Comisión del Defensor del Pueblo, con el fin de que explique los motivos que le han llevado a presentar dicho recurso de inconstitucionalidad, que estaría, según los populares, provocando un bloqueo injustificado de decisiones medioambientales de carácter urgente.
Desde el PP acusan al Gobierno de “bloquear por razones políticas” asuntos clave en materia ambiental, y exigen que la Conferencia Sectorial se convoque de inmediato para garantizar el cumplimiento de las obligaciones europeas y permitir el acceso de las autonomías a los fondos de conservación.
