El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, cifró ayer en 10.751 los inmigrantes que han entrado de forma irregular en España entre el 1 de enero y el 16 de julio de este año, lo que supone un aumento del 104 por ciento con respecto al mismo periodo de 2016. De ellos, un tercio han accedido a España a través de Ceuta y Melilla. En concreto, 3.204 personas, la mayoría por vía terrestre, tanto por salto del vallado, como en los dobles fondos de vehículos, unas prácticas han aumentado un 40,3% con respecto al año anterior.
Durante su intervención en la Comisión de Interior del Congreso, Zoido señaló que se ha registrado una intensificación de los saltos de la valla en Ceuta, con 5.266 intentos en los que va de 2017, “cuando en todo 2016 hubo un total de 3.472 intentos”, según ha apuntado Zoido.
El titular de Interior ha reconocido que la migración es uno de los temas “elementales” siempre que existe una reunión de Gobierno o un encuentro internacional. A su juicio, España está haciendo todos los esfuerzos para conseguir una “migración legal y ordenada” que redunde en beneficio de quienes llegan al país y de quien los recibe.
Así, ha defendido la cooperación bilateral con los países de origen, el papel de Marruecos en esta situación, el control de fronteras y la lucha contra las mafias como los “pilares” de las políticas que, en esta materia, está poniendo en marcha su departamento, y ha criticado que el portavoz del PNV, Mikel Legarda, le haya culpabilizado de la presencia de las tramas de tráfico de personas.
Legarda ha pedido en su intervención establecer “cauces legales y seguros” para evitar las mafias que, según ha indicado, “no existirían si se hicieran los portes” de refugiados “como a las personas ordinarias”. A su juicio, estas tramas se crean para cubrir “lo que demandan aquellos que quieren salir de una situación de desamparo”.
“No comparto la opinión”, ha apuntado Zoido en su respuesta, para señalar que el Ejecutivo no es culpable de que “se les quite todo el dinero y los embarquen en unas balsas”.
Del mismo modo, ha rechazado las acusaciones de responsabilidad realizadas por la portavoz de Unidos Podemos, Eva García Sempere, en el caso del naufragio del Mar de Alborán, en el que fallecieron 49 personas. Según ha señalado se hace “todo” por ayudar en estos casos en el que una embarcación que carece de condiciones de navegabilidad sale al mar con numerosas víctimas de mafias a bordo. “España acude a rescatarlos incluso hasta aguas de Marruecos y no los devuelve, son trasladados a España”, ha indicado el ministro.
“Nosotros no tenemos la responsabilidad de que los inmigrantes decidan huir de su país”, ha añadido.
Peticiones de asilo
Tanto PSOE como Unidos Podemos han coincidido también en pedir al Ejecutivo que desarrolla el reglamento de la Ley de Asilo que se espera desde 2009. No les ha servido la respuesta del ministro de que están esperando a la UE por si hay que hacer reformas en el texto, y han criticado que España tenga una norma que sitúe a España como “país de tránsito y no de acogida”.
En este sentido, el Blanco ha señalado que, mientras la formación morada está criticando la falta de compromiso del Gobierno con la solicitud de asilo, el segundo país que hace estas solicitudes es Venezuela.
La diputada ‘popular’ ha cuestionado a Zoido en esta materia, quien ha destacado que las solicitudes de protección internacional creció de las 14,888 en 2015 a las 16.544 en 2016, mientras que, en lo que va de 2017 se han recogido 12.992 solicitudes. En cuanto a venezolanos, el ministro ha señalado que en 2016 se recibieron 4.195 solicitudes, mientras que este año se han contabilizado 2.631.
Los CIE “no pueden desaparecer”
Desde los partidos de la oposición también se ha cuestionado al titular de Interior sobre la situación de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y su continuidad. En este sentido, Zoido ha señalado que “no pueden desaparecer como algunos grupos parlamentarios han solicitado” porque el ingreso en estos centros “lo ordena un juez o tribunal” a quien tienen un expediente de expulsión por estancia ilegal en el país o a quien se le sustituye una pena menor de seis meses por una medida de expulsión.
Lo que sí ha señalado es la necesidad de hacer mejoras en estos centros, para lo que, según ha recordado, se ha creado un grupo de trabajo y se han producido reuniones con representantes de las diferentes fuerzas políticas pare recoger sus ideas en esta materia.
“Sé que hay muchas quejas y estamos dispuestos a actuar”, ha indicado, para proponer después como mejora que la Policía se ocupe sólo de la seguridad externa de los CIE y que sean “personas de mayor cualificación” las que dirijan lo que ocurre en su interior.
