El vicepresidente primero del Gobierno de Melilla, Miguel Marín, ha intervenido en un foro sobre el reto migratorio en Tenerife, junto a otros líderes autonómicos como Marga Prohens, presidenta de Baleares; Fernando Clavijo, presidente de Canarias; y Alberto Gaitán, consejero de Presidencia de Ceuta. Marín ha destacado que, aunque la cuestión migratoria fue central, también abordó otros problemas cruciales para Melilla, como la conectividad con la península, la sanidad y la educación.
Marín ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que las rutas aéreas de Melilla con Málaga y Madrid sean consideradas como servicio público, argumentando que la conectividad es esencial para el desarrollo socioeconómico y el turismo de la ciudad, sobre todo tras el cierre de la aduana en 2018. Además, pidió una inversión anual equivalente al costo de un kilómetro de AVE para mejorar las conexiones de la ciudad con la península, una solicitud que, según él, ha sido ignorada repetidamente.
En cuanto a la sanidad y la educación, Marín calificó de «imperdonable» que Melilla tenga los peores índices en estos sectores, que están bajo la responsabilidad del Gobierno central. Expresó su frustración por la falta de acciones por parte del Ejecutivo tras el cierre de la aduana, lo que ha llevado a un empeoramiento en áreas clave. Marín también criticó al Gobierno por no avanzar en la reforma de la Ley de Extranjería, subrayando que no se han garantizado los recursos materiales y económicos necesarios para una gestión eficiente de la migración.
Durante su intervención, Marín lamentó lo que describió como un «abandono total» del Gobierno central hacia Melilla, a pesar de la importancia de la presencia del Estado en cuestiones fundamentales como la frontera y la conectividad. Además, destacó que desde 2006, la Ciudad Autónoma ha invertido 130 millones de euros de sus propios fondos para la atención de menores no acompañados, mientras que el total de la inversión en este ámbito ha sido de 187 millones de euros.
Finalmente, el vicepresidente mostró solidaridad con Canarias, también afectada por la crisis migratoria, y pidió una mayor implicación de Europa, además de una respuesta más efectiva del Gobierno central.
