El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), junto al Consejo de Europa y la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), celebraron ayer en Madrid el inicio del curso sobre Asilo y Convenio Europeo de Derechos Humanos para Abogados y Jueces. La frontera sur, en especial la situación migratoria Ceuta y Melilla, estuvieron presentes a lo largo de la jornadas. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), junto con el Consejo de Europa y la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), celebraron ayer en Madrid la Jornada Inaugural del curso sobre Asilo y Convenio Europeo de Derechos Humanos para abogados y jueces en el que han participado unos 25 alumnos, un encuentro que forma parte de un proyecto piloto en esta materia.
La situación migratoria en ambas ciudades autónomas estuvo especialmente presente en la mesa redonda moderada por Marcelo Belgrano, abogado de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía, sobre "Protección internacional en la valla: Acceso al territorio y no devolución en frontera".
Uno de los miembros de esta mesa, el abogado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el asunto de las devoluciones en caliente de Ceuta, Gonzalo Boye, aseguró, que las devoluciones en frontera vulneran el artículo 13 de la Declaración Europea de Derechos Humanos, uno de los motivos por los que las denunció ante el TEDH. El abogado pidió buscar vías de colaboración entre "todos los que trabajamos en esto" y centrarse en litigios estratégicos "porque el derecho es un instrumento para cambiar realidades".
Por último, recordó que desde 2012 ningún país europeo tiene representación diplomática en siria y calificó de "demagogia" las indicaciones de que los refugiados deben pedir asilo en origen. También advirtió del peligro de la proliferación de muros y fronteras: "las vallas son restrictivas de derechos. El resultado final es que los encerrados vamos a ser nosotros".
En el caso de la representante de ACNUR en Ceuta y Melilla, María Valles, denunció que se está hablando de los refugiados que vendrán, "pero en España ahora mismo se está denegando el acceso a la protección internacional a refugiados sirios". Valles afirmó que Ceuta y Melilla son espacio Schengen y criticó que algunas instituciones se escudan en lo contrario para restringir los derechos de las personas solicitantes de asilo, fundamentalmente el derecho a la libre circulación. La representante de ACNUR recordó que en este momento hay 800 solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla y subrayó la sobreocupación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), "que no es un centro de acogida, sino de retención".
“Obstáculos” para el asilo
Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi e integrante de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía, puso de relieve las deficiencias en el procedimiento e indicó que el asilo es "un derecho desconocido, un derecho en crisis". "Desde la ley de 2009, una ley sin reglamento, todo han sido obstáculos para que no se solicite asilo", apuntó la letrada quien advirtió que en muchas comunidades "que tienen tal colapso, que ni siquiera dan cita para solicitarlo y la tarjeta que se entrega a las personas cuya solicitud se ha admitido a trámite, se demora tres o cuatro meses".
Bárcena animó a trabajar para mejorar "ahora que el asilo está en el discurso social" y hacerlo con rigor; "cada caso es único y hay que dedicarle tiempo". Bárcena destacó el papel de los abogados en la identificación de potenciales víctimas de trata, "ya que a las mujeres y a las niñas se las invisibiliza" y pidió que se "judicialicen todas las situaciones de vulneración de derechos que se conozcan".
Un derecho no discrecional
Finalmente, el magistrado Pedro Escribano recordó que el asilo no es una cuestión de punto de vista o que guste más o menos, "el asilo es un derecho obligatorio, no discrecional", sentenció el juez. Y es que según Escribano, "cuando hablamos de protección internacional, hablamos de derechos", señaló el magistrado quien recalcó que "no es cuestión de decir se merece el asilo. Es cuestión de tiene derecho a".
Escribano analizó también las "ilegalidades flagrantes" de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla y fue muy crítico con la actual normativa que las ha legalizado en la Ley de Seguridad Ciudadana.
