La Ciudad Autónoma ha planteado al Estado que si no revisa ahora el sistema de financiación autonómica, como estaba previsto, se le compense por los déficits que están creando las políticas sociales, dado el sobrecoste que ahora tienen respecto a 1994, cuando se materializó la transferencia de competencias. Esa compensación sería superior a los 20 millones de euros.
