En los últimos años los melillenses hemos visto cómo hemos ido perdiendo libertades individuales. Siempre había una excusa, aparentemente potente.
Por ceñirnos a los últimos casos, primero fue la pandemia, que conllevó tal cúmulo de restricciones, que muchas veces los ciudadanos no sabían lo que se podía hacer y lo que no. Un hecho ampliado además por las distintas normas sobre un mismo tema que se estuvieron aplicando en las 19 regiones que conforman nuestro país. Ahora está el asunto de la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las consiguientes repercusiones en el resto de Europa. Lo último que nos van a controlar son los grados centígrados a los que debemos tener los aires acondicionados y la prohibición de usar las luces de escaparates y edificios públicos, todo ello a partir del próximo miércoles 10 de agosto.
Como en toda restricción, aunque sea en contra de nuestra voluntad, hay sanción para intentar que nadie se “descarríe”, a juicio de un gobierno que pretende seguir golpeando a nuestros bolsillos por cualquier motivo. Así, los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.
Las sanciones que se aplicarán serán las recogidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), dispuestas a su vez los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sobre infracciones administrativas. En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado martes el real-decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que recoge la obligatoriedad en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles de limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno.
Este paquete de medidas, que complementa RITE, también obligará a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas, una medida para la que tendrán siete días para su cumplimiento.
En el caso de todas estas iniciativas, el periodo para su aplicación será de una semana desde su publicación en el BOE y tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.
También que se apagará la iluminación decorativa de fachadas a partir de las 22.00 horas, mientras que la regulación de la iluminación exterior solo afectará a los edificios de uso público, no a las ornamentales, por ejemplo, las luces navideñas.
Asimismo, se obligará a que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro por pérdidas de energía al exterior. Igualmente, deberán incorporarse carteles para explicar estas medidas de ahorro en los establecimientos, así como para informar sobre las temperaturas y niveles de humedad.
Como ven, vuelven las prohibiciones bajo este ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y con ellas la perdida de libertades amparadas por medidas cuyo impacto en la recuperación económica son cuanto menos discutibles por no decir irreales.
