La Asamblea de Melilla aprobó ayer por unanimidad un convenio para llevar a cabo una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un trámite que permitirá cambiar a uso comercial la calificación de suelo industrial del antiguo cuartel de Valenzuela para que pueda implantarse allí el primer centro comercial de la ciudad. Todos los grupos estaban de acuerdo, pero estuvieron debatiendo cerca de una hora, en la que salieron a relucir viejos reproches acumulados durante los casi 20 años que lleva pendiente la posibilidad de implantar una gran superficie en los terrenos anejos a la frontera. Pese a todo, la unanimidad fue posible en este importante asunto, calificado por el diputado socialista Dionisio Muñoz como “la inversión más importante de la legislatura”. No en vano, según explicó en su intervención el consejero de Fomento, Juventud y Deporte, Miguel Marín, la construcción de un centro comercial supondrá la llegada de una inversión privada de 50 millones de euros, que permitirá crear unos 1.500 empleos directos e indirectos, principalmente entre jóvenes y mujeres.
A ello se suma el hecho de que una vez concluidas las obras de la gran superficie comercial, que tienen un plazo de 20 meses, Melilla podrá tener un nuevo atractivo económico y de ocio con el que poder “crear sinergias”, de modo que tanto los melillenses como los vecinos marroquíes tengan más fácil hacer sus compras en lugar de tener que ir a la península o incluso a Nador en caso de que se hubiera construido allí si este asunto se llega a demorar más.
Al mismo tiempo, la gran superficie podría servir como una especie de anzuelo para que los nadorenses que pasen la frontera puedan recorrer otros puntos de la ciudad, incentivando así las compras y consumiciones en otros establecimientos de la ciudad, algo que también ensalzó Marín tras la advertencia de la oposición de los efectos que podría causar el centro comercial en el resto de la ciudad.
Beneficios
Según los datos aportados por el consejero de Fomento, con esta modificación puntual del PGOU se convertirán en suelo de uso comercial 4.376 metros cuadrados que actualmente son de uso industrial, obteniendo un beneficio de 700.000 euros para la Ciudad Autónoma gracias al 25% de plusvalías que se ha acordado con la empresa promotora, Tres Forcas Capital S.L, para llevar a cabo esta recalificación.
Una de las cuestiones que más destacó Marín en su intervención en el Pleno fue el hecho de que el Gobierno ha buscado el interés general de los melillenses en este asunto, para lo que ha actuado “con luz y taquígrafo y absoluta transparencia” en este asunto.
Además, dio a conocer en los últimos segundos de debate algunas de las firmas que estarán presentes en el centro comercial, tal y como le confirmó este jueves a través de un e-mail la empresa promotora. Ésta ya tiene “acuerdos basados en intenciones” con operadores como Eroski, el grupo Inditex (Pull and Bear, Stradivarius y Bershka), Kiabi, Burger King, grupo Cortefiel (Springfield, Women Secret y Cortefiel), Worten, AKI y Decathlon. Se trata, en definitiva, de primeras firmas empresariales del ámbito de la restauración, textil, bricolaje e informática que sumarán 18.000 metros cuadrados en el centro comercial, es decir, un 55% de superficie en el proyecto.
Estos “acuerdos basados en intenciones” serán trasladados a contratos de arrendamiento entre la empresa promotora y los operadores una vez que se tenga la confirmación de la aprobación definitiva del cambio de uso del suelo, lo cual ocurrirá el próximo mes, según informó el propio consejero de Fomento en la sesión plenaria de ayer.
De esta manera, desmintió la versión mantenida ayer por PPL, según el cual ninguna de estas firmas, avanzadas hace varias semanas, tenía intención de desembarcar en Melilla, creando una especie de fantasía en la antesala de las elecciones europeas. “Ésta es la realidad y no las idioteces y tonterías que ustedes escriben en las redes sociales”, respondió Marín a PPL en este sentido.
“Alusiones escatológicas”
No fue éste el único encontronazo que protagonizaron ayer Marín y el portavoz de PPL, Julio Liarte. El momento más polémico del debate también estuvo en un cruce de declaraciones entre ambos, que empezó cuando el pepeelista dijo que votaría a favor de este tema “tapándose la nariz porque apesta”, dado que “han ocurrido determinados sucesos que no nos gustan”. Entre ellas, la calificación del suelo hace años para uso industrial que fue vendido en subasta “a una empresa conocida por sus actividades especulativas”.
El comentario de Liarte tuvo su correspondiente réplica en el turno de Marín, que le respondió: “Si aquí algo apesta tiene que mirar a su alrededor, porque los trámites a los que alude los inició y llevó a cabo su presidente”, en alusión a Ignacio Velázquez, responsable de PPL. Liarte invitó entonces a Marín a “levantarse del asiento”. “Huela, porque me parece que usted está sentado encima”, dijo el portavoz de PPL, a quien el presidente de la Asamblea, Juan José Imbroda, le llamó la atención pidiéndole “por favor” que se ahorrara las “alusiones escatológicas” y propiciara un debate “ordenado, civilizado y cortés”.
Marín, en su siguiente y último turno de palabra, se ahorró la respuesta a Liarte, aunque sí le reprochó que “se ha comportado como lo que es, un impresentable”.
Por responsabilidad
Éste fue el único momento de tensión del debate, en el que los grupos de la oposición dejaron claro que votarían a favor de este asunto “por responsabilidad” debido a que se trata de una importante inversión que en Melilla podría ser muy beneficiosa debido al elevado índice de paro que existe.
No obstante, los tres mostraron su disconformidad con la manera en que ha sido gestionado. Así, Coalición por Melilla (CPM) lamentó que el Gobierno ha actuado “de una manera que levanta sospechas y dudas” porque en un principio dijo que sin la unanimidad de la Asamblea no aprobaría el convenio, pero posteriormente afirmó que lo sacaría adelante aunque fuera únicamente con los votos a favor del PP.
El consejero de Fomento, Juventud y Deportes le respondió asegurando que el Gobierno siempre busca el consenso, pero “no debemos confundir unanimidad con la paralización de un convenio tan importante”. “No estamos dispuestos a aceptar que por parte de un grupo Melilla se quede sin esta inversión”, agregó. Sin embargo, el portavoz cepemista lamentó que el Gobierno pida el apoyo de la oposición pero se niegue a escucharla.
Ausencia de informes
El PSOE se centró en la ausencia de un informe que pueda evaluar el impacto que podría tener la gran superficie para el sector comercial de Melilla, que es uno de los que sostienen un peso importante del desarrollo económico y creación de empleo de la ciudad. Así, el diputado socialista, Dionisio Muñoz, recordó que la vez anterior en que Melilla estuvo cerca de implantar el centro comercial, había dos informes sobre la mesa, uno del Gobierno positivo, y otro de los empresarios que era negativo. A su juicio, ahora hubiera sido necesario que la sociedad pública Promesa hubiera realizado un informe para saber la repercusión que podría tener el centro comercial dentro de varios años en el resto de comercios.
Según Muñoz, ahora no hay argumentos con los que asegurar que este proyecto es positivo, algo que el consejero rechazó al asegurar que “son normas básicas de la economía: cuanta más oferta hay más posibilidades de que haya demanda”. Además, ante la crítica socialista de que hace 18 años algunos miembros del Gobierno actual estaban en contra del centro comercial, Marín respondió que entonces la Ley permitía a los ayuntamientos oponerse, pero las actuales normativas europeas velan por la libre competencia.
Por último, Marín insistió en que el Gobierno ha contado con todo el mundo, ya que ha hablado con los comerciantes, sindicatos, empresarios y todos ven la implantación del centro comercial como “inevitable” y que era positiva. También defendió los esfuerzos que se han hecho desde la Ciudad Autónoma por revitalizar el centro comercial abierto para propiciar su desarrollo y generen empleo.
