La Consejería de Bienestar Social contará con una mayor dotación económica en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de 2015 respecto al año que está todavía en curso. Este incremento podría llegar hasta cuatro millones de euros, que es la cuantía que la consejera María Antonia Garbín pidió el pasado martes al presidente melillense, Juan José Imbroda, cuando ambos despacharon para hablar de los presupuestos. El mandatario local confirmó ayer que esa petición será atendida, ya que se trata de gasto social que necesitan las familias más desfavorecidas. “Cuatro millones de euros sobre 24 ó 25 es una cantidad importante, pero todo lo que sea gasto social lo vamos a hacer”, avanzó Imbroda en una entrevista concedida a Popular TV, en la que recordó que el número de usuarios de las diferentes políticas sociales de la Ciudad Autónoma se ha incrementado de manera considerable en los últimos años como consecuencia de la crisis económica. Es el caso de los beneficiarios de los comedores sociales y las ayudas sociales, así como el Ingreso Melillense de Inserción (IMI), que es una ayuda equivalente al Salario Mínimo Interprofesional que reciben las familias sin ingresos.
Este incremento en las partidas de Bienestar Social es lo único que de momento se ha dado a conocer sobre los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de 2015, en los que el Gobierno local lleva ya tiempo trabajando. Sin embargo, está a la espera de que el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de los que también depende Melilla para saber qué cuantías de fondos autonómicos y Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) recibirá el año que viene.
Imbroda apuntó ayer la posibilidad de que los PGE sean aprobados el sábado por el Consejo de Ministros antes de iniciar su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. A partir de ahí, la Ciudad Autónoma podrá terminar de elaborar su propio ejercicio presupuestario para 2015. El objetivo es que en noviembre empiece a ser debatido en la Comisión de Economía y Hacienda antes de elevarlo al Pleno de la Asamblea. Según los cálculos del presidente melillense, para diciembre podría estar aprobado para su entrada en vigor el 1 de enero de 2015.
