Los opositores eliminados de la convocatoria para adjudicar 10 plazas de Policía Local llevan un mes esperando que la Ciudad Autónoma les facilite los documentos que han pedido para poder recurrir por la vía contenciosa. Ni siquiera les han dado el informe verbal de los psicólogos por el que supuestamente fueron suspendidos en la fase de entrevista personal. “Aún no sabemos por qué nos han echado”, afirman a MELILLA HOY para insistir en que se sienten indefensos ante este “grave perjuicio” que dicen estar sufriendo. En la entrevista personal fueron eliminados 12 de los 22 aspirantes que aún quedaban ‘vivos’ en la oposición. Era la última prueba de la primera fase de oposición libre antes del reconocimiento médico. Cinco de los afectados se han unido y hace unos días presentaron un recurso de alzada ante la Ciudad Autónoma pidiendo la paralización provisional de las oposiciones como medida cautelar, alegando que hay una falta de motivación inicial en su eliminación del proceso de selección y que si continúa adelante, podría causarles “un perjuicio de difícil o imposible reparación”.
Un mes después de haber sido eliminados y solicitar las actas, documentos e informes, se encuentran en la misma situación. Han hablado con el presidente del tribunal. Según los opositores afectados, les transmitió que la Ciudad Autónoma también estaba a la espera de que los dos psicólogos que se encargaron de realizar las pruebas psicológicas le envíen los informes verbales, por los que supuestamente fueron eliminados.
“Según les han dicho los psicólogos, ahora están muy liados con las oposiciones de Policía Nacional y no los mandarán hasta la semana que viene. Si los tienen hechos, ¿por qué no los envían? En las oposiciones de Bomberos han tardado sólo 48 horas”, explicaron los opositores afectados. Esta tardanza les hace sospechar que “en realidad, los informes verbales no existen y tardan en enviarlo porque tienen que hacerlos”. Otras razones que alimentan esta sospecha es que los psicólogos tardaron poco más de 12 horas en dar las notas de los test de personalidad de los 22 candidatos. “Eso es materialmente imposible”, apuntan estos jóvenes, que recuerdan además que la entrevista personal no era una prueba excluyente, como así constaba en las bases. Sin embargo, fueron eliminados “sin que nos hayan dicho aún el motivo”.
Estos jóvenes dicen estar muy dolidos con todo lo que está pasando. Aseguran que han hablado con un consejero del Gobierno. “Nos dijo que aunque la Administración sepa que se ha equivocado, no va a tirar piedras sobre su tejado y que esto al final tendrá que decidirlo un juez”.
Las plazas ya están adjudicadas
Aseguran que piensan llegar hasta el final, pero para ir a la vía contenciosa, necesitan unos documentos que llevan un mes esperando y la Ciudad Autónoma no les facilita. También tienen que esperar a que se agote la vía administrativa. El plazo no finaliza hasta el 30 de mayo, cuando las 10 plazas que estaban en liza ya se han adjudicado.
La Ciudad Autónoma publicó en su web el miércoles la identidad de los que han aprobado. “La nota mínima para aprobar era un 6. Algunos sólo la superan por una décima”, destacan estos opositores, que cuando fueron eliminados iban en los puestos 2, 3, 4, 8 y 9 de la convocatoria, con notas en algunos casos por encima del 7.
La oposición, por lo tanto, no se ha paralizado como pidieron estos aspirantes eliminados en su recurso de alzada. “Es más, ahora han corrido más que nunca para el reconocimiento médico, cuando entre examen y examen han pasado hasta dos meses”, aseguran.
La fase formativa arranca el día 23 de este mes, antes de que termine el plazo para agotar la vía administrativa y poder recurrir al contencioso. Ya se han puesto en manos de un abogado especialista, muy conocido a nivel nacional por haber llevado el caso de la soldado Zaida Cantera. Se harán, también, un peritaje psicológico para que sea contrastado con el test de personalidad que les hicieron en las oposiciones.
Por último, agradecen al Pueblo de Melilla el apoyo que dicen estar recibiendo, incluso de dentro de la propia Policía Local. También insisten en que sus familias lo están pasando mal, “no sólo las de los 10 opositores que han aprobado y para los que el Gobierno está pidiendo respeto”. “¿Y nuestras familias qué?”, se preguntan.
