Tanto el líder de las protestas acontecidas en el Rif entre 2016 y 2017, Nasser Zefzafi, como otros 53 presos acusados de atentar contra la unidad nacional y socavar el orden público, han sido condenados a penas de prisión que oscilan entre los 5 y los 20 años de prisión. Las condenas han caído como un jarro de agua fría sobre los activistas, cuyos abogados han anunciado ya su intención de recurrirlas por considerarlas “injustas”, consideración que comparten desde Amnistía Internacional, cuya directora territorial para Oriente Medio y Norte de áfrica, Heba Morayef, ha mostrado su “profunda preocupación” por la “naturaleza injusta” de los juicios y por la presunta obtención de “confesiones” a través del uso de la tortura por parte de la Policía marroquí. El líder de las protestas registradas desde finales de 2016 hasta mediados de 2017 en el Rif (cuyo epicentro fue la ciudad de Alhucemas), Nasser Zefzafi, ha sido condenado este martes a una pena de 20 años de prisión por un tribunal de la localidad de Casablanca, en el norte del país. Zefzafi, de 39 años, fue detenido en mayo de 2017 y trasladado a una cárcel de Casablanca tras organizar una serie de protestas en su ciudad natal, Alhucemas, en el marco de lo que ha supuesto un “Kirak al Chaabi”, un “movimiento popular”.
El líder de las protestas, que ha permanecido en la prisión de Ukacha a la espera de que se celebrara el juicio, fue acusado de socavar el orden público y amenazar la unidad nacional. El tribunal también ha dictado sentencia contra Nabil Ahmijeq, Wassim el Boustani y Samir Aghid, que también han sido condenados a 20 años de prisión. Otros tres miembros del movimiento han sido condenados a quince años. Por otra parte, siete activistas se enfrentarán a penas de cinco años de prisión y otros seis a penas de 10 años. El abogado de los activistas ha aseverado que se trata de una resolución “cruel” en represalia por sus acciones.
“Son sentencias injustas”, ha manifestado otro letrado, que ha asegurado que los condenados presentarán los recursos pertinentes.
El movimiento Hirak Rif surgió como reacción tras la muerte en octubre de 2016 del pescadero Mouhcine Fikri, que fue aplastado por un camión de basura cuando trataba de recuperar pescado confiscado por la Policía local. Fikri se convirtió en un símbolo de ‘hogra’, un término coloquial que hace referencia a la pérdida de dignidad debido al poder abusivo y la falta de justicia.
Las protestas se avivaron por la sensación de gran parte de la población de subdesarrollo y problemas económicos en la región del Rif, una zona considerada centro de disturbios y disidencia entre la comunidad indígena bereber. Las demandas y manifestaciones han ido dirigidas contra el Gobierno, pero también ha habido llamamientos al monarca, Mohammed VI,quien intervino en el conflicto perdonando a 60 integrantes del movimiento y culpando a los funcionarios de la situación de precariedad vivida en la región.
Amnistía Internacional
Amnistía Internacional ha exigido que las declaraciones de culpabilidad y las fuertes penas impuestas en los casos de los 53 manifestantes del Hirak condenados en Casablanca sean anuladas “a causa de la injusta naturaleza de sus juicios”.
“Estas declaraciones de culpabilidad son infundadas, debido a la naturaleza extremadamente injusta de los juicios”, ha manifestado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Para empezar, Nasser Zefzafi y otras personas declaradas culpables y encarceladas por manifestarse pacíficamente en favor de la justicia social o por informar en Internet sobre manifestaciones nunca deberían haber sido juzgadas. Nasser Zefzafi debe ser puesto en libertad, y su declaración de culpabilidad debe anularse”, concluye Morayef.
Amnistía Internacional ha manifestado también su “profunda preocupación” por la naturaleza de las “confesiones” presentadas como prueba en los juicios, ya que los detenidos han descrito haber sufrido tortura y otros malos tratos a manos de la policía durante los interrogatorios.
