El Colegio Oficial de Graduados Sociales ha advertido de que la falta de convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, conocido como decreto ómnibus, está provocando un grave colapso en el trabajo diario de estos profesionales y un nuevo escenario de inseguridad jurídica en el ámbito laboral y de la Seguridad Social.
Según ha señalado el colectivo, la caída de esta norma, que incluía medidas clave en materia de pensiones, cotización a la Seguridad Social y la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025 a 2026, vuelve a situar a los graduados sociales, empresas y personas trabajadoras en un contexto de incertidumbre normativa, improvisación y falta de planificación.
El Colegio ha recordado que esta situación ya fue advertida con antelación a la Administración. En 2024, los graduados sociales remitieron un primer escrito a la ministra de Trabajo y Economía Social, así como al presidente de la CEOE y al secretario de Estado de Trabajo, solicitando que la actualización del SMI y otras medidas laborales esenciales se aprobaran en tiempo y forma para evitar los problemas organizativos y técnicos derivados de su aprobación tardía.
Ante la repetición de este escenario, a comienzos de 2025 el colectivo volvió a trasladar formalmente la misma petición al Ministerio, insistiendo en la necesidad de dotar de estabilidad y previsión al marco normativo laboral. Sin embargo, la no convalidación del Real Decreto-ley 16/2025 ha reproducido, según denuncian, los mismos efectos negativos ya sufridos en ejercicios anteriores.
Entre los principales perjuicios profesionales derivados de esta situación, los graduados sociales destacan la imposibilidad de cerrar nóminas y cotizaciones con criterios claros y estables, la necesidad de rehacer cálculos salariales, seguros sociales y regularizaciones con efectos retroactivos, así como el aumento de consultas, reclamaciones e incidencias administrativas.
Asimismo, alertan de una sobrecarga de trabajo extraordinaria, no prevista ni compensada, que recae directamente sobre los despachos profesionales, y de un deterioro de la relación con clientes y empresas, que reciben mensajes contradictorios como consecuencia de la inseguridad normativa.
El Colegio subraya que no se trata de un hecho aislado, recordando que en diciembre del pasado año ya se produjo una situación similar con el Real Decreto-ley 9/2024, otro decreto ómnibus que tampoco logró los apoyos parlamentarios necesarios. A su juicio, la reiteración de estos episodios evidencia una preocupante falta de previsión y de consideración hacia los operadores jurídicos y profesionales encargados de aplicar las normas.
“Los graduados sociales no solo aplicamos la ley, sino que garantizamos su correcta ejecución en miles de empresas y relaciones laborales en todo el país”, señalan desde el colectivo, que reclama que las medidas esenciales en materia laboral y social se tramiten con urgencia, claridad y estabilidad normativa para evitar nuevos escenarios de “caos normativo” que perjudican al sistema y a quienes lo sostienen en el día a día.
