El sistema de pensiones existente en los países desarrollados es uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar, creado para proveer una cierta protección económica a millones de ciudadanos, en su etapa post-laboral. Este sistema, en España, se basa en un modelo de reparto.
El modelo de reparto.
En el modelo de reparto, y he aquí el principal problema del sistema, las contribuciones al fondo de pensiones de los trabajadores en ese momento en activo se utilizan para financiar las pensiones de los jubilados. Esto significa que los pensionistas actuales no reciben las pensiones directamente de las aportaciones al fondo que hicieron, durante toda su vida laboral, tanto los trabajadores como sus empleadores, sino que lo hacen de las contribuciones de los trabajadores que se encuentran activos en ese momento. Este enfoque ha funcionado aceptablemente durante décadas, pero enfrenta desafíos significativos en el contexto actual.
El financiamiento del sistema.
El financiamiento del sistema de pensiones se realiza a través de las cotizaciones a la Seguridad Social, las cuales son obligatorias para todos los trabajadores. Estas cotizaciones se dividen en dos partes: la que aporta el trabajador y la que aporta el empleador. En 2023, la tasa de cotización para el régimen general era del 28,3%, de la cual el 4,7% correspondía al trabajador y el 23,6% al empleador. Según datos de la Seguridad Social, en 2023 la pensión media de jubilación era de aproximadamente 1,200 euros al mes, sin embargo, esta cifra puede variar considerablemente según el número de años cotizados y la base de cotización.
Desafíos del Sistema.
Dado que el fondo de pensiones ha sido históricamente mal utilizado, el sistema enfrenta ahora múltiples desafíos que ponen en riesgo su sostenibilidad a largo plazo.
La población en España está envejeciendo, lo que significa que hay un mayor número de pensionistas en comparación con los trabajadores activos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se estima que para 2050, más del 30% de la población tendrá más de 65 años.
Las tasas de natalidad en España han disminuido en las últimas décadas, lo que repercute en el número de futuros contribuyentes al sistema.
La tasa de desempleo y la aparición de empleos temporales y precarios afectan las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que reduce los ingresos del sistema.
La esperanza de vida en España ha aumentado, lo que significa que los pensionistas recibirán beneficios durante más años, incrementando la carga financiera del sistema.
Soluciones propuestas por los gobernantes para el modelo de reparto.
Para abordar estos desafíos se han propuesto diversas reformas, entre las que se incluyen: incremento de la edad de jubilación; incentivar planes de pensiones privados y sistemas de ahorro personal; promover la educación financiera sobre el ahorro para la jubilación.
El modelo de financiamiento alternativo, con las contribuciones al fondo realizadas durante la vida laboral del trabajador.
Es de destacar que la mayoría de las propuestas de solución antes mencionadas, sugeridas por el actual gobierno populista, proponen la privatización parcial del sistema y digo parcial porque, por supuesto, los gobernantes no renuncian a su botín; sugieren la privatización de las pensiones, pero, eso sí, además de las contribuciones ahora existentes. Por el contrario, nosotros sugerimos el modelo de financiamiento alternativo aquí propuesto, que podríamos resumir en unas pocas palabras: alejar lo más posible al estado de nuestro dinero, permitiendo el mayor grado posible de privatización en el sistema. Es axiomático decir que, cuando una acción se puede gestionar por medios del gobierno o por agentes particulares, siempre resulta más conveniente hacerlo con estos últimos.
Los números del sistema.
Dado que un sistema de pago de pensiones privatizado contaría con variables que no son predecibles, pero seguramente más favorables que la gestión del dinero por parte del estado, vamos a hacer los números del sistema suponiendo que fuera el estado el que manejara el fondo, acumulado durante la vida del trabajador, para pagar su pensión. Para ello es importante analizar el valor actual de las aportaciones de un pensionista promedio. Supongamos que un trabajador comienza a cotizar a los 25 años y se jubila a los 67, cotizando durante 42 años. Si tomamos como referencia un salario medio en España, que en 2023 se sitúa en alrededor de 2,000 euros brutos al mes, la cotización mensual sería de aproximadamente 560 euros (considerando un 28% de aportación total entre trabajador y empresa). La cotización anual sería por tanto de 6.720 euros y la cotización total, durante 42 años de vida laboral, sería de 282.240 euros.
Es esta cantidad resultante -los 282.240 euros, restándole la pérdida de poder adquisitivo por inflación y otros y sumándole la rentabilidad positiva de la inversión de nuestras contribuciones en el tiempo- el dinero con que se contaría para pagar las pensiones actuales. En circunstancias normales, esa cantidad gestionada privadamente sería claramente superior a la arriba señalada, pero la utilizaremos como mínimos alcanzables para los cálculos que haremos a continuación.
La pensión media en el año 2023 era de 1.200 euros brutos al mes, lo que supondrían 14.400 euros brutos al año o, lo que es lo mismo, el importe de más de 19 años de pensión. Y debemos recordar ahora que estos cálculos se basan en mínimos, ya que una adecuada gestión del fondo proporcionaría mayores disponibilidades.
¿Dónde han ido las contribuciones realizadas al fondo de pensiones?
En vez de mantener las aportaciones en el fondo de pensiones e invertirlas en valores seguros, para evitar la posible pérdida de valor futuro antes citada, durante los últimos cincuenta años varios gobiernos de España han retirado dinero del fondo, sufragando con nuestras pensiones futuras sus intereses políticos del momento.
Desde los ERE,s hasta el PER, las subvenciones alucinantes realizadas y tantos otros gastos ética o funcionalmente reprobables, explican la falta de fondos en el sistema.
Un ejemplo de subvención realizada en el año 2023: Se dieron 287.000 euros para “Multiplicar la Justícia Global: fortalecimiento organizativo para una acción transformadora, desde el feminismo y el antirracismo”. Y, como esa subvención sin sentido, podemos encontrar centenares más.
Las falsedades.
El primer engaño consiste en afirmar una y otra vez, hasta hacer ‘verdad’ de la falsedad, que no hay dinero para pagar las pensiones. La razón de que no haya dinero es que se lo han gastado en lo que no debían. Con la excepción del gobierno de Aznar en 2.011, cuando el fondo alcanzó el pico máximo de 67.000 millones de euros, lo han utilizado para cubrir carencias en otras áreas o para sufragar otros intereses reales o partidistas, siendo el fondo ahora de unos 5.000 millones.
El sugerir que, además de pagar las contribuciones obligatorias al estado para el fondo de pensiones, el futuro pensionista realice contribuciones a un fondo privado para garantizar o mejorar su pensión futura, constituye el segundo engaño, ya que presupone que existe esa disponibilidad de dinero extra, lo que el leonino sistema impositivo actual se encarga de impedir en la mayoría de los casos. Se podría decir que la mitad de nuestra vida trabajamos para los gobiernos a los diferentes niveles ¿Cuánto nos devuelven ellos?
El tercer engaño sería la limitación por ley, que ahora se realiza, del monto de la pensión máxima, lo que supone que las contribuciones al sistema son máximas, pero el retorno no lo es. Y, por supuesto, el imponer retenciones a la pensión, gravando de nuevo lo que ya se gravó al realizar las contribuciones.