Por F. Javier Martínez Monreal
(Catedrático de Filosofía)
Algunos grupos de ciudadanos, generalmente adscritos a opciones políticas de izquierda, y algunos cristianos, votantes o simpatizantes de estas opciones políticas, sostienen que debe permitirse la inmigración ilegal y eliminar todos los obstáculos a la libre circulación de ciudadanos por el mundo.
Se puede decir que la inmigración ilegal es el paso de personas a través de las fronteras sin cumplir las exigencias legales del país de destino y, en ocasiones, desatendiendo también las del país de origen. En un intento de ocultar el significado real de acción ilegal, utilizan el término de inmigración irregular.
Ideologías cargadas de utopía e irrealidad, como comunismo, anarquismo y otros movimientos pacifistas utópicos, por un lado justifican de la permisividad del aborto y la eutanasia en el ordenamiento jurídico, y por otro nos hablan de un mundo sin fronteras, sin propiedad privada, sin autoridad y sin leyes basado en el supuesto “buenismo” de todos los seres humanos. No obstante, la historia ha puesto repetidamente en evidencia la sinrazón y la falta de fundamento antropológico de tales movimientos. También entre los grupos cristianos no faltan voces simpatizantes con estas opciones políticas que, desde una lectura descontextualizada de textos evangélicos, y bajo el mandato universal del amor al prójimo y en especial a los más desfavorecidos, concluyen que no debe haber fronteras ni barreras que separen los pueblos y naciones. Afirmando la opción preferencial por los pobres, dan por supuesto que todos los inmigrantes son pobres y, concluyen, que no debe haber barreras que detengan la inmigración.
Alter Christus llaman los benedictinos al peregrino que acude a las puertas de sus monasterios y, dicen los evangelios, que debemos ver a Cristo en el pobre. No es momento de abordar la cuestión de quien es el pobre o quien es más pobre en este caso: si el joven que ha pagado fuertes sumas a las mafias y ha sido capaz de recorrer grandes distancias y saltar violentamente la valla, o los ancianos, niños, enfermos y desvalidos que han quedado desamparados en su país de procedencia, o también otros muchos ciudadanos desfavorecidos y desatendidos en el país de destino. Se olvida con frecuencia que la Moral cristiana y la Doctrina social de la Iglesia admiten, como elementos esenciales del bien común de los ciudadanos, la propiedad privada, la defensa de las leyes y de las fronteras de los pueblos, sin que ello suponga excluir la excelencia de otras opciones de vida comunitarias. Seguramente los cristianos, aludidos en su defensa de la inmigración ilegal, rechazarán estas conclusiones, defendiendo que el mandato evangélico, en la interpretación subjetiva que cada uno realiza, tiene prioridad frente a las exigencias de la ley positiva o incluso de la ley natural y ley eterna. Frente al subjetivismo interpretativo de los textos evangélicos, convendría recordar que el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, afirma que la palabra de Dios está presente tanto en la Escritura como en la Tradición de la Iglesia, a quien corresponde la responsabilidad de la interpretación de la Palabra.
Desoyendo este mensaje del Concilio, algún representante de la iglesia de Melilla ha intentado mostrar la existencia de contradicción entre la actitud de respeto y homenaje de las Fuerzas armadas de esta ciudad ante el Santísimo Sacramento, en la procesión del Corpus, y la defensa de las fronteras por parte de estas Fuerzas en los desgraciados sucesos del mes pasado, con la muerte de grupos de inmigrantes ante las vallas melillenses. Esta contraposición forzada e insultante para las Fuerzas de seguridad ante situaciones distintas, representa una inaceptable confusión de planos, realizada desde una interpretación doctrinal subjetiva y parcial, que desorienta al cristiano de base. La ley es la ordenación de la razón al bien común y el cumplimiento de las leyes no es opcional según la doctrina cristiana, que exige la observancia de las leyes civiles –la excepción de las leyes inmorales confirma esta regla- y las fuerzas de seguridad cumplen con su deber haciendo acatar las leyes.
Si la defensa del territorio y de las fronteras es una obligación indiscutible de los Estados, más compleja es la cuestión de los medios utilizados para esta defensa. Sin ánimo de abordar este problema, debe recordarse las palabras de un Vicario melillense del siglo pasado, D. José Carretero, cuando la inmigración ilegal empezaba a convertirse en un problema para esta ciudad: la inmigración no puede pararse con cañones pero, para su regulación, habrá que poner semáforos en la frontera.
