Era, y sigue siendo, bien conocido por la comunidad internacional el hecho de que el gobierno de Arabia Saudita es una cuasi dictadura hereditaria de la familia Saud, que no tolera la disidencia política e impone a sus ciudadanos una interpretación del Islam denominada wahabismo. El wahabismo es una corriente musulmana de la rama mayoritaria del sunismo, iniciada en el siglo XVIII, que defiende una interpretación estricta de la Sharía y que adquiere una creciente importancia a partir de 1924, cuando la dinastía wahabí Al-Saud conquistó La Meca y Medina.
A partir de los años 70 del siglo pasado, Arabia Saudita adquiere gran importancia internacional por su control sobre enormes cantidades de petróleo y gas y por la riqueza que ello le proporciona, lo que propicia una extensión del wahabismo por todo el mundo, impulsada por una enorme inversión saudí en la financiación de mezquitas y escuelas coránicas wahabitas -también en España. No debemos olvidar que los dos millones de personas que en la actualidad realizan la peregrinación anual a la Meca supone, además, motivo de prestigio y extensión de sus ideas religiosas, entre los creyentes de todo el mundo.
También influye, en la perspectiva de los países occidentales hacia Arabia Saudita, el hecho de que el sunismo es el enemigo religioso más importante del chiismo, practicado en Irán, país abiertamente exportador de terrorismo a través de su apoyo a diversos grupos, enemigo de Israel a la que ha jurado aniquilar, de Estados Unidos, y en busca de convertirse en potencia nuclear.
Hasta el año 2018 todo iba aceptablemente bien para Arabia Saudita a los ojos del mundo occidental, no demasiado preocupado por los derechos de las mujeres en ese país, ni tampoco mucho por la radicalización de parte de los inmigrantes musulmanes en Europa ya que los gobiernos europeos, con su tendencia cortoplacista, piensan que será un problema para gobiernos futuros, no para los actuales. Pero el 2 de octubre de 2018 se produce el asesinato de Yamal Kashogyi, un disidente saudí, periodista del Washington Post y exgerente general y editor en jefe del canal de noticias Al-Arab. Las terribles circunstancias en que se produce el asesinato despiertan a la comunidad internacional. Kashogyi había acudido al consulado saudí en Estambul para realizar un trámite previo a su boda, pero no sale de allí lo que motiva la denuncia de su novia turca. La investigación turca posterior revela que el disidente ha sido asesinado en el interior del consulado por un equipo de 15 miembros del gobierno saudí, llegados a Estambul con ese propósito, posteriormente descuartizado y sus restos sacados en maletas.
El gobierno saudita trató inicialmente de negar su responsabilidad, mintiendo y ocultando pruebas, pero las investigaciones de las autoridades turcas y del New York Times le obligaron finalmente a aceptarla. Posteriormente, las autoridades saudíes juzgaron a los miembros del equipo, condenando a muerte a los de menor nivel y prácticamente absolviendo a los de mayor nivel. La finalidad de todas esas acciones era negar la implicación del príncipe gobernante, Mohammed bin Salman (MBS), en el asesinato. A nivel internacional, entre otras razones, ayudó a la pretendida ocultación la posición del entonces presidente Trump, quien afirmó que la investigación realizada por su propia CIA sobre la implicación de MBS no había sido correcta y en cambio le expresó su apoyo.
Pero el escándalo internacional sacó a la superficie el continuo y grave desprecio de los derechos humanos existente en ese país, muy especialmente en lo que respecta a las mujeres y a los inmigrantes. El derecho a la libre expresión no es respetado imponiendo, a los que lo ejercen en contra del régimen, condenas que llegan a suponer la pena de muerte. Cuando en ciertos casos las condenas adquieren publicidad internacional, especialmente las impuestas a las que defienden los derechos de las mujeres, como en el caso de la activista Loujain al-Hathloul, las condenas son suspendidas tras pasar varios años en prisión, pero nunca revocadas, lo que supone de hecho una espada de Damocles sobre sus cabezas, que les impide continuar con su activismo. Entre tanto, a pesar de algunas recientes mejoras legales, las mujeres en el país siguen siendo personas de segunda clase, supeditadas a las decisiones de los hombres tanto dentro como fuera de su hogar.
Otro grupo que sufre una grave discriminación es el de los inmigrantes, imprescindibles para la economía saudí ya que realizan todos los trabajos que los nacionales no pueden o quieren realizar. Según el censo de 2022, Arabia Saudí acoge a casi 13,4 millones de migrantes, lo que supone casi la mitad de la población. El sistema existente otorga a los empleadores un enorme poder sobre la movilidad y el estatus legal de los trabajadores migrantes en el país y potencialmente les somete a abusos, desde la confiscación de pasaportes hasta el retraso en el pago de los salarios, lo que con cierta frecuencia equivale a trabajo esclavo. Las trabajadoras domésticas migrantes también se enfrentan a abusos verbales, físicos y sexuales.
Ante la exposición a la comunidad internacional de las graves carencias humanitarias del país y de su gobernante el príncipe bin Salman, muy sabiamente, ha decidido implicarse de lleno en una actividad históricamente percibida como positiva y apolítica, el deporte. Y su disponibilidad financiera le ha permitido hacerlo al máximo nivel. En los últimos años han invertido miles de millones en actividades deportivas dentro y fuera del país.
En 2019 se vivieron los primeros acontecimientos deportivos de relevancia. Desde entonces la cadena de importantes actividades deportivas, con un altísimo coste, no ha cesado. Entre otras muchas podemos citar que en futbol se han celebrado competiciones de las supercopas italiana y española, además del mundial femenino -qué afrenta a las sufridas mujeres saudíes quienes hasta el 2018 seguían teniendo prohibido practicar deportes en las escuelas o incluso ver deportes en los estadios-, han comprado un club de futbol inglés -el Newcastle, y han fichado a un importante número de estrellas internacionales para jugar en clubes locales; en golf han creado una competición internacional que se enfrenta a la tradicional PGA, dividiendo a las estrellas entre ambas competiciones; en deportes del motor han acogido al Dakar -el rally más prestigioso-, en coches eléctricos han disfrutado del Extreme E con participación de los pilotos más célebres y también han celebrado pruebas de Fórmula 1; en hípica han organizado carreras de caballos con premios nunca antes vistos, de unos 20 millones de dólares; asimismo han organizado el Saudi Tour de ciclismo; en sus pistas de tenis se ha disputado el torneo Next Generation ATP Finals y han fichado a Nadal como embajador del tenis de ese país.
Para el futuro, ya tienen asegurada también la organización de la Copa de Asia de fútbol en 2027 y los Juegos Asiáticos de Invierno en 2029: en pleno desierto y en Neom, una megaciudad futurista que aún no existe.
La frase “Poderoso caballero es don dinero” que escribió en un poema el genial y sarcástico Francisco de Quevedo, es de total aplicación al ‘lavado de cara’ saudí.
