La abogada Patricia Fernández, que ejerce la acusación particular en representación de las tres ONG denunciantes, Andalucía Acoge, SOS Racismo, Prodein, anunció ayer que la imputación del coronel jefe de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, y su declaración ante el juez Lamo de Espinosa es solo uno de los primeros pasos en este procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 2, ya que a medida que avance la investigación piensa pedir “más imputaciones”. Fernández, en declaraciones a los periodistas a la salida del juzgado, consideró positivo el simple hecho de que haya una investigación en marcha sobre las devoluciones en caliente. “Creemos que hay muchas diligencias por practicar, estaremos en ello”, advirtió la abogada en una breve valoración en la que avanzó que el juzgado está realizando distintas diligencias de investigación “ordenando el esclarecimiento de los hechos”, lo que incluye el visionado de cámaras. En cambio, no quiso desvelar detalles concretos de lo que ocurrió en el despacho del juez Lamo de Espinosa. La razón no es otra que el secreto que caracteriza a las declaraciones de instrucción, como la que tuvo lugar ayer.
No obstante, sí explicó que el jefe de la Guardia Civil se negó a responder a las preguntas de la acusación y solo contestó al juez, el fiscal y la abogada del Estado, que ejerce su defensa. Fernández reconoció que no declarar en contra de sí mismo es un derecho legítimo que asiste a cualquier imputado, pero no ocultó su decepción por no haber encontrado respuestas a sus preguntas. “Esperábamos que hubiera contestado y ayudar al esclarecimiento de los hechos”, dijo. El resto de preguntas versaron sobre los hechos que fueron objeto de la imputación, en las que el coronel jefe “se ha ratificado en su orden de servicio y luego ha ido matizando algunos aspectos que le han preguntado”.
En resumen, la abogada de las tres ONG afirmó que el interrogatorio, pese a que duró dos horas y media, “no ha sido excepcionalmente largo ni extenuante”, aunque se prolongó porque son “muchas partes” las que están personadas en este caso, concretamente la Abogacía del Estado, Andalucía Acoge, SOS Racismo, Prodein y la Coordinadora de Barrios de Madrid.
La Abogacía del Estado pidió la semana pasada que este caso se uniera al de la devolución de 21 inmigrantes kamikazes el pasado mes de febrero, una cuestión que debe resolver el Juzgado de Instrucción número 5, que es el que lo está llevando, y en el que están imputados tanto el delegado del Gobierno como el comandante de la Guardia Civil, el segundo jefe, Arturo Ortega. Mientras se resuelve esta petición, el Juzgado número 2 ha decidido continuar con las declaraciones en aplicación del artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
