Las obras del Hospital Universitario de Melilla, paralizadas desde 2012, iban a reanudar su marcha a mediados de este mes. Eso es lo que había anunciado el del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), José Julián Díaz Melguizo, en su última visita a nuestra ciudad. Ayer, de nuevo en Melilla, el máximo responsable del organismo sanitario anunció que habrá que esperar un poco más para el reinicio de las obras debido a una nueva sentencia judicial. Su origen: una denuncia interpuesta hace casi seis años por una de las empresas que compitió para llevarse la adjudicación de la dirección facultativa de la obra, que pedía que se anulara dicho concurso público por una vulneración del pliego. Un juzgado de Madrid le ha dado ahora la razón y establece que la Dirección del INGESA de 2009, en manos del PSOE, hizo una adjudicación irregular con un “quebrantamiento del ordenamiento jurídico”. La sentencia 64/2015 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid señala, por lo tanto, que hubo una irregularidad administrativa cometida en 2009 y obliga a retrotraer todo el procedimiento hasta ese punto. Lo que ordena el juez, en definitiva, es hacer una nueva valoración de las ofertas que presentaron las diferentes empresas que aspiraban a llevarse la dirección facultativa de la obra.
Este paso es un requisito necesario para volver a reiniciar la construcción porque el Hospital Universitario está ahora sin dirección facultativa, obligatoria por la Ley de Contratos del Sector Público para la ejecución de obras públicas de tal volumen. No en vano, la dirección facultativa representa al organismo público que contrata, en este caso el INGESA, en la ejecución del día a día de la obra. Se encarga, en definitiva, de controlar que la empresa constructora cumpla fielmente lo que refleja el pliego de condiciones.
José Julián Díaz Melguizo dio a conocer ayer en rueda de prensa esta sentencia, que anula las resoluciones dictadas por la entonces Dirección del INGESA de 15 y 23 de septiembre de 2009. En ambas resoluciones, firmadas por la máxima responsable del organismo sanitario en aquella época, Sara Pupato, se adjudicaba la dirección facultativa de la obra del Hospital Universitario a la empresa Planho Consultores S.L.P.-Igno Managament Facility S.L., por 1.023.825 euros.
Una de las empresas que concurría a esta adjudicación de la dirección facultativa del proyecto, Berna 10 Asesores Consultores S.L., presentó un recurso en octubre de 2009 contra la adjudicación de la dirección facultativa por parte del INGESA. En él, alegaba que se había producido una “vulneración del pliego” de condiciones porque la Mesa de Contratación, encargada de la baremación de las ofertas, había creado nuevos criterios que no venían en el pliego de prescripciones técnicas.
Por ello, esta empresa pedía que se anularan las dos resoluciones del INGESA en las que se adjudicaba la dirección facultativa a Planho Consultores S.L.P.-Igno Managament Facility S.L., y se la concedieran a ella, Berna 10 Asesores Consultores S.L.
Ambas empresas habían quedado distanciadas solo en 3 puntos en la baremación final, ya que la UTE Planho Consultores S.L.P.-Igno Managament Facility S.L., logró 89 puntos, y Berna 10 Asesores Consultores S.L., 83 puntos.
La sentencia
La sentencia, fechada por el juez hace justo tres semanas (el 28 de mayo de 2015), estima parcialmente el recurso de esta empresa al reconocer que la introducción de nuevos criterios en la valoración de las ofertas constituye un “quebrantamiento del ordenamiento jurídico”, concretamente “la igualdad de condiciones en la que han de concurrir los licitadores a partir de los criterios objetivos y públicos contenidos en el pliego”.
Según recoge la sentencia en el apartado de los fundamentos de derecho, esta circunstancia determina el incumplimiento de los principios de igualdad de trato y transparencia en el procedimiento de adjudicación y licitación del contrato.
Por ello “procede la anulación de la adjudicación del contrato”, lo cual “ha de conducir necesariamente a una nueva valoración de las proposiciones”. Sin embargo, no le da la razón a la empresa denunciante en su petición de que se le adjudicara el contrato.
El fallo judicial obliga al INGESA a retrotraer las actuaciones del proceso de adjudicación de la dirección facultativa de la obra a la siguiente fase, de modo que la Mesa de Contratación tendrá que valorar de nuevo todas las ofertas realizadas y proponer una nueva adjudicación de la dirección facultativa.
Esto significa que, hasta que este proceso no se haya finalizado, el INGESA se ve impedido a retomar las obras del Hospital Universitario, ya que la Ley de Contratos del Sector Público no permite la ejecución de obra pública sin la existencia de una dirección facultativa.
Retraso anterior
Díaz Melguizo informó ayer de que este hecho no es nuevo en la ejecución de la obra del Hospital Universitario, ya que en 2009 el INGESA adjudicó la ejecución de la obra a una UTE de constructoras sin haber efectuado previamente la adjudicación de la dirección facultativa. Esto produjo un retraso de ocho meses en el inicio de la obra, y además provocó otra demanda, que está aún pendiente de resolución de la UTE en la que se pide daños y perjuicios por este retraso. Esta demanda, según dijo Díaz Melguizo, no supondrá más retrasos en la obra.
Díaz Melguizo admitió que esta sentencia supone “un jarro de agua fría” para el INGESA después de meses de trabajo para intentar solucionar los problemas administrativos que impedían reiniciar las obras, que llevan paralizadas desde hace dos años y medio por una disconformidad sobre un proyecto modificado que terminó en los tribunales.
El director del INGESA dejó claro que la irregularidad que se indica en la sentencia, por la que ahora hay que volver a adjudicar la dirección facultativa, es una consecuencia de la actuación de la Dirección de INGESA en 2009, ajeno a su equipo, y vuelve a truncar la planificación que esta institución estaba cumpliendo.
De hecho, la UTE constructora ya tenía todo preparado para reiniciar las obras esta semana, pero esta nueva sentencia provocará un nuevo retraso que Díaz Melguizo no quiso cuantificar. No obstante, aseguró que se va a agilizar lo máximo posible hasta el punto de que el INGESA no recurrirá la sentencia, como tiene derecho a hacer en un plazo de 15 días desde la notificación de la sentencia, para que ésta sea firme el 22 de junio y se pueda aplicar lo que ha dictaminado el juez.
Perdón, comprensión y paciencia
Díaz Melguizo lamentó “profundamente” este nuevo retraso y pidió perdón, comprensión y “un poco más de paciencia” a los melillenses, a los que dijo que entiende y comprende que “puedan sentirse incrédulos” por los problemas que está sufriendo el Hospital Universitario. “Es otro problema más dentro de los muchos que nos han dejado”, lamentó el responsable del INGESA sin especificar a quién se refería, pero claramente en alusión a la etapa en la que este organismo estuvo en manos del PSOE durante el Gobierno Zapatero.
Este nuevo revés en la obra del Hospital no supondrá coste económico para el INGESA, salvo mantener unos meses más paralizada la obra, algo que dijo que tampoco supondrá tanto “después de dos años y medio cerradas”. Sin embargo, sí admitió que la sentencia es “una zancadilla” al reinicio de las obras porque no se podrá acometer hasta que no haya nueva dirección facultativa.