La entrada de 500 subsaharianos el pasado 18 de septiembre, la mayor en la historia de la valla desde 2005, supuso un punto de inflexión que ha llevado al Gobierno de la Nación a reforzar la seguridad de Melilla de la manera crucial, como se ha visto esta semana El refuerzo constante de las fuerzas de seguridad en Melilla, como demuestran el próximo envío de 20 nuevos antidisturbios de la Guardia Civil a Melilla ordenado ayer por el Ministerio del Interior, que se unirán a las 150 que ya están de la Policía Nacional y otros 100 del propio Instituto Armado, más todos los efectivos policiales de los ya disponía la ciudad, tiene mucha de la culpa de que los inmigrantes no pasen por la valla "como Pedro por su casa". Lo ocurrido los dos últimos días, primero la madrugada del jueves y posteriormente la del viernes, en las que se produjeron dos intentonas de avalanchas, la primera de mil y la segunda de 800, de los que accedieron solo una decena, demuestra que algo está cambiando.
La entrada de 500 subsaharianos el pasado 18 de septiembre, la mayor en la historia de la valla desde 2005, supuso un punto de inflexión que ha llevado al Gobierno de la Nación a reforzar la seguridad de Melilla de la manera tan importante que hemos comentado al principio de este artículo y también a ser más decisivo a la hora de rechazar las avalanchas, sin medidas tintas. Como parecía que ocurría en las últimas semanas, sobre todo a raíz de la muerte de quince inmigrantes en aguas marroquíes, cuando intentaban entrar en Ceuta y la polémica por el uso de pelotas de goma para repeler estas acciones.
Así las cosas fueron al menos 25 los subsaharianos que aún habiéndose encaramado a la valla, no pudieron finalmente entrar en la ciudad porque unos de forma voluntaria y otros obligados por las fuerzas policiales, les hicieron desistir en su intento y tuvieron que quedarse en Marruecos. Un país que, como en el día de ayer, volvió a cooperar de forma decisiva para frenar estas oleadas multitudinarias de personas que buscan un futuro mejor, una aspiración legítima, pero que se topa primero con la legislación española y segundo con la imposibilidad de Melilla de poder atender a tantas personas con las mínimas garantías.
