Este lunes, la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla (ICAM) acogió un simposio sobre el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que se encuentra paralizado en la cámara baja más de un año y cuyas enmiendas al texto ya han sido aprobadas por los diferentes grupos en su trámite parlamentario. Para ello, la letrada Nuria Millán responsable de formación del ICAM ha contado con el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, que a su vez es presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE). El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, que a su vez es presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), explicó ayer en declaraciones a este diario que el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita lleva negociándose con el Ministerio de Justicia desde hace unos meses debido a que existen ciertas "líneas rojas" que aún no se han llegado a consensuar entre el departamento ministerial y el CGAE.
Sin embargo, y debido a la paralización de esta negociación, el Ministerio aprobó el pasado viernes las enmiendas realizadas en el trámite parlamentario de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre las que se encuentra en sus disposiciones finales, una modificación de la actual ley de justicia gratuita. Estos cambios, no son del todo "sustanciales" contó Lara, aunque sí algunos que afectarán a la calidad de este derecho como es, la apertura a la asistencia jurídica gratuita a los graduados sociales. A juicio de Lara esta modificación dará lugar a que haya ciudadanos que reciban asistencia jurídica de primer nivel por parte de letrados con todas las garantías de formación que suponen esta profesión (grado en Derecho, master homologado y examen del Ministerio de Justicia) y ciudadanos que reciban un servicio de "segunda" al tener a graduados sociales que no poseen actualmente "preparación integral en sus planes de estudios".
Otra de las modificaciones que se lleva a cabo en la ley de enjuiciamiento civil, en referencia a la asistencia gratuita, es una de las modificaciones que ya anunció el ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en referencia a la cobertura gratuita a determinados colectivos independientemente de sus recursos económicos, al igual que también de forma gratuita, las herramientas de asesoramiento sobre resolución de conflictos. El decano del ICA de Málaga advierte que estas modificaciones, "no van acompañadas de una financiación", lo cual puede dar lugar a que no existan los suficientes recursos y se produzca un colapso en el sistema de justicia gratuito.
"Lineas rojas" del Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita
Entre las líneas rojas que el CGAE ha puesto ante el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, el decano de la institución colegial malagueña señaló tres cuestiones principales. En primer lugar, la redacción de esta norma da lugar a que un ciudadano pueda ser atendido por un abogado de oficio de un colegio de otro territorio en el que se encuentra. Lara calificó esta norma de "disparate", y es que si el ciudadano que solicita de la justicia gratuita lo hace por falta de recursos, el mismo no va a tener la suficiente financiación para trasladarse para preparar el juicio a donde este su abogado de oficio, ni éste último a donde esté su cliente.
Entre otra de las "líneas rojas" se encuentra el artículo que da lugar a que para recurrir una sentencia sea necesario que el ciudadano lo ratifique con presencia de un secretario. Lo que parece tan simple Lara explica que en el caso de los ciudadanos ingresados en prisión va a ser más complicado, al igual que ocurre con aquellos residentes en el extranjero, o inmigrantes en situación irregular que quieran recurrir su sentencia y no puedan trasladarse a recurrir la respuesta del tribunal. Este artículo, apuntó el letrado "vulneran algunos derechos del ciudadanos a la justicia". De la misma manera, el letrado apunta a lo que se introducirá en la Ley de Enjuiciamiento Criminal referente a los graduados sociales, en lo que Lara sostiene que el propio Tribunal Constitucional asegura que la formación de éstos no tiene nada que ver con la formación de la abogacía.
Asimismo, el proyecto de ley en sí, el letrado reconoce que recoge a su vez aspectos positivos como los mecanismos para "garantizar el cobro" a los abogados de oficio que hasta ahora no existía.
Recaudación de la ley de tasas
El Gobierno insistió en que no hay obligación legal de aplicar lo recaudado por las tasas judiciales mientras existieron a la justicia gratuita puesto que "no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico", según señalan en una respuesta parlamentaria consecuencia de un requerimiento del diputado de CiU Jordi Jané. Al respecto, Lara aseguró que esta afirmación por parte del Gobierno incumple el artículo 11 de la Ley de Tasas en el que describe que lo recaudado con éstas irá destinado a la justicia gratuita, lo cual reclama hasta el propio CGAE.
