Por Gonzalo Fernández
En enero de 2025, un jubilado de Florida recibió una citación administrativa del Departamento de Seguridad Nacional pocas horas después de enviar un correo electrónico criticando las redadas migratorias. Manifestantes británicos fueron detenidos antes de una protesta por “conspiración para causar molestias”. Activistas catalanes descubrieron que sus teléfonos habían sido intervenidos con Pegasus. Son episodios distintos, en países distintos, pero responden a una tendencia común: la expansión de herramientas administrativas y tecnológicas que permiten vigilar la disidencia política sin supervisión judicial efectiva.
El fenómeno no se limita a regímenes autoritarios. Aparece con creciente frecuencia en democracias consolidadas, donde los gobiernos recurren a instrumentos legales excepcionales —citaciones administrativas, detenciones preventivas o vigilancia digital— que reducen o eliminan el control previo de los tribunales. El resultado es una transformación silenciosa del equilibrio institucional que define al Estado de derecho.
Estados Unidos: citaciones sin control judicial
En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional utiliza las llamadas citaciones administrativas: instrumentos que los propios funcionarios del gobierno pueden emitir sin aprobación previa de un juez para exigir datos personales, registros financieros o información digital. La justificación oficial es la rapidez necesaria en investigaciones de inmigración o seguridad nacional. Sin embargo, su uso se ha extendido mucho más allá de esos ámbitos.
En 2025, estas citaciones se enviaron a universidades como Columbia o Harvard para identificar estudiantes activistas, se usaron para obtener datos de usuarios de Instagram que documentaban redadas y para recopilar información sobre trabajadores sanitarios que habían protestado contra el ICE. Solo Google recibió más de 28.000 solicitudes gubernamentales de datos en los primeros seis meses del año. Según Jennifer Granick, especialista en libertades civiles de la ACLU, el problema es estructural: “No existe supervisión judicial previa ni mecanismos claros de responsabilidad por abuso”.
Reino Unido: la normalización de la detención preventiva
En el Reino Unido, la Ley de Orden Público de 2023 concede a la policía amplias facultades para detener preventivamente a personas que podrían causar “molestias graves”, lo que permite intervenciones antes incluso de que comience una protesta. Durante la coronación de Carlos III, varios activistas republicanos fueron arrestados horas antes del evento y liberados sin cargos tras más de quince horas detenidos. A ello se suma la Ley de Poderes de Investigación de 2016 —la llamada “Carta de los Fisgones”—, que autoriza el acceso a historiales de navegación y comunicaciones digitales. Organizaciones como Liberty han documentado su uso en casos muy alejados del terrorismo, incluyendo fraude fiscal o disputas administrativas.
El lenguaje deliberadamente amplio permite intervenciones policiales antes incluso de que se produzca una protesta.
Francia e Israel: la excepción convertida en norma
Tras los atentados de 2015, Francia declaró el estado de emergencia y otorgó al gobierno facultades extraordinarias —registros domiciliarios sin orden judicial, arrestos preventivos, amplios poderes de vigilancia— que, aunque formalmente expiradas en 2017, fueron incorporadas a la legislación ordinaria. Durante las protestas de los “chalecos amarillos”, miles de personas fueron procesadas mediante procedimientos acelerados sin un juicio completo. Más recientemente, el gobierno autorizó sistemas algorítmicos de reconocimiento facial en eventos públicos. Israel representa quizás el precedente más ilustrativo: las Regulaciones de Emergencia de 1945, heredadas del colonialismo británico, siguen vigentes y permiten detenciones indefinidas, escuchas sin orden judicial y censura previa.
España: sanción administrativa y vigilancia digital
La Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida popularmente como “Ley Mordaza”, permite imponer sanciones administrativas por conductas como la “falta de respeto a la autoridad” fuera del proceso penal ordinario. El delito de enaltecimiento del terrorismo ha generado controversia por su aplicación a expresiones artísticas o comentarios en redes sociales. El escándalo conocido como Catalangate, revelado en 2022, mostró que el software Pegasus había sido usado para intervenir los teléfonos de más de sesenta líderes independentistas catalanes, abogados y activistas: un ejemplo palmario de cómo las herramientas diseñadas para combatir el crimen organizado terminan empleándose en conflictos políticos internos.
De la excepción al sistema
Muchas de estas herramientas nacieron al calor de la “guerra contra el terrorismo” tras el 11 de septiembre de 2001, presentadas como medidas temporales. La experiencia histórica, sin embargo, sugiere que las disposiciones de emergencia rara vez desaparecen del todo. Hannah Arendt advirtió que cuando un Estado normaliza la excepción, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos para convertirse en objeto de gestión. Aimé Césaire denominó “bumerán colonial” al fenómeno por el que los métodos de control desarrollados en contextos de dominación imperial regresan a las metrópolis democráticas. Ambas advertencias resuenan hoy: un informe de Georgetown Law calcula que el Servicio de Inmigración estadounidense gastó cerca de 2.800 millones de dólares en sistemas de vigilancia entre 2008 y 2021; para 2022, bases de datos gubernamentales incluían imágenes faciales de aproximadamente un tercio de los adultos del país. Fenómenos parecidos se observan en Europa, con la expansión de cámaras, reconocimiento facial e inteligencia artificial policial. Las herramientas cambian, pero la lógica es la misma: ampliar la capacidad del ejecutivo para vigilar sin controles judiciales equivalentes.
Democracias en la encrucijada
No faltan voces que defienden estas herramientas. Especialistas como John Cohen, excoordinador antiterrorista del Departamento de Seguridad Nacional, sostienen que la agilidad de las citaciones administrativas es imprescindible ante amenazas que evolucionan más deprisa que los procedimientos judiciales. Desde esa perspectiva, la supervisión no desaparece, sino que se desplaza: los jueces intervienen a posteriori, cuando los afectados impugnan las medidas. La pregunta que divide a juristas y analistas es si ese control diferido ofrece garantías suficientes o si llega demasiado tarde. Tribunales europeos han dictado sentencias limitando programas de vigilancia masiva, y organizaciones civiles han logrado modificaciones en leyes de seguridad. Sin embargo, muchos gobiernos optan por ajustes parciales que preservan el núcleo de sus capacidades.
La diferencia entre una democracia y un sistema autoritario no reside en la ausencia absoluta de vigilancia. Ningún Estado moderno prescinde de ella. La diferencia reside en los controles que limitan su uso: supervisión judicial independiente, transparencia institucional y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Cuando esos controles se debilitan, la frontera entre seguridad y poder discrecional comienza a difuminarse. Las democracias occidentales se encuentran así ante una elección incómoda: la expansión de instrumentos de excepción puede ofrecer ventajas tácticas a corto plazo, pero plantea interrogantes profundos sobre la preservación de libertades fundamentales.
La vigilancia sin jueces no es simplemente un problema jurídico. Es una prueba de resistencia para la propia arquitectura democrática. Cada vez que alguien recibe una citación sin que un juez la haya autorizado, cada vez que un teléfono es intervenido sin orden judicial, esa arquitectura pierde un ladrillo. La cuestión no es si eso ocurre. La cuestión es cuántos ladrillos pueden caer antes de que el edificio se resienta.
