Lo que está pasando en Melilla con el voto por correo indigna a todos los melillenses de bien. Es una vergüenza social. Las noticias aparecidas en la prensa nacional no dejan lugar a dudas de que Melilla es un territorio comanche, donde se vulnera el derecho al voto libre, a la esencia de la democracia. Decía El País: Enel distrito de la Libertad, en Melilla, uno de los fundamentos básicos de la democracia está amenazado: el derecho al voto. Porque en la ciudad autónoma el derecho al sufragio se compra y se roba, y hasta se extorsiona a su costa.
Ante esta situación no cabe lamernos las heridas y quejarnos. Hay que exigir reformas legales sobre el voto por correo ya.
La norma dice en su artículo 72: Los electores que prevean que en la fecha de la votación no se hallarán en la localidad donde les corresponde ejercer su derecho de voto, o que no puedan personarse, pueden emitir su voto por correo, siempre que esté motivado y documentado. Esto se debería añadir y así eliminaríamos un alto porcentaje de solicitudes.
Independientemente, la norma vigente es clara en el sentido de limitar la posibilidad de ejercer el voto por correo a los electores que se encuentren en unas situaciones tasadas: «que prevean que no se hallarán en la localidad o no puedan personarse».
¿Por qué no se controlan esos supuestos y se otorga manga ancha dejando vacío de contenido el precepto como si fuera una decisión totalmente libre del elector, cuando la ley lo limita a unos casos concretos?
No es lógico aplicar el artículo 72 interpretándolo como si fuera una decisión en la que solo basta el pensamiento del elector de no estar o no poder personarse el día de las elecciones sin justificación alguna para concederle el ejercicio del voto por correo sin necesidad de personarse presencialmente.
¿Puede aplicarse la norma sin tener en cuenta las circunstancias, el contexto y la realidad social melillense como impone nuestro Código Civil?
La Junta Electoral de Zona y Provincial de Melilla, formada por Jueces y por los representantes de CPM y Partido Popular, deberían responder a estas preguntas públicamente.
Lo que no puede ser y no es, es que más 10.000 ciudadanos se vayan ausentar o estén impedidos para acercarse al colegio electoral. Esto es una manifiesta vulneración del sufragio universal, libre y directo. Más cuando tenemos los antecedentes pasados. Las elecciones en Melilla no pueden ser secuestradas por el voto por correo, mejor dicho, por los personajes que se dedican a comprar votos.
El ritmo de solicitudes de voto por correo crece de una forma alarmante, pudiendo ser que el 18 de mayo (último día) superemos las 12.000 solicitudes. Esto no pasa ni en Burundi. Algún partido puede saber el resultado antes de que se abran las urnas.
La Junta Electoral tendría que hacer un muestreo de los solicitantes para ver si van a estar Melilla o tienen algún impedimento de desplazamiento.
Ante estos hechos, el Gobierno de España tendría que suspender el proceso electoral mientras no se garantice jurídicamente la libertad del voto por correo.
No me extrañaría que los votos comprados no se entregaran en la oficina de Melilla, sino en algún sitio peninsular. Las fuerzas de seguridad deberían estar vigilantes, como hacen con el tráfico de drogas y divisas, en inspeccionar a cualquier sospechoso que lleve votos en la maleta. La Junta Electoral Central debería mandar una instrucción a todas las oficinas de Correos para que se informe si en alguna de ellas se presentan votos para su remisión a Melilla. Y la Junta Electoral de Zona dar una instrucción a Correos local de que, si se reciben votos electorales de fuera de Melilla, se lo comuniquen inmediatamente. Los votos de esta procedencia son comprados y, por tanto, un fraude electoral.
El cinismo de CPM pidiendo la suspensión electoral por el voto por correo es tratarnos de imbéciles. Voy a citar lo que decía mi amigo Enrique Bohórquez el 10 de noviembre de 2019 (elecciones generales): “Aberchán puede ser de izquierdas y de derechas, de arriba y de abajo, de los empresarios y de los funcionarios, del campo de golf y contra el campo de golf, de los borregos marroquíes y contra los borregos marroquíes, islamista y contra islamista, marroquí y contra marroquí, amigo y enemigo, dictador y demócrata, muy religioso y nada religioso, de una cosa y de todo lo contrario, en resumen”. Y yo añadiría comprador de votos y pedir la suspensión por la compra de votos. De hecho, está condenado por comprar votos.Eso sí, se oponen a que haya fuerzas de seguridad en el entorno del colegio electoral para que no molesten a sus fuerzas de cercanía.
En Galicia y País Vasco se suspendieron los procesos electorales por el Estado de Alarma. ¡Qué mayor Estado de Alarma en Melilla la no garantía de la democracia! La manipulación electoral por la compra de votos es más peligrosa que el Covid19. El virus se cura, el fraude permanece, al menos, durante 4 años.
Si se llegara a suspender el proceso electoral, el Gobierno tendría esa capacidad amparándose en artículo 61 de Bases del Régimen Local y en el artículo 183 de la LOREG.
Si las elecciones no se consideran legítimas, cualquier decisión que se tome tampoco podrá serlo, y todo el sistema político corre el riesgo de derrumbarse por falta de cimientos sólidos. En Melilla esos cimientos se están vulnerando con el voto por correo. Además de otras artes pérfidas y lucrativas.
La Constitución prevé expresamente supuestos en que el orden constitucional ordinario queda alterado. En los términos de la Ley Orgánica 4/1981, a la que se remite el artículo citado 116, los estados de alarma, excepción o sitio son la respuesta del sistema político ante “circunstancias extraordinarias” que “hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes” (art. 1). Se trata de una respuesta, pues, que trasciende al proceso electoral; pero que puede implicar la limitación o suspensión de diversos derechos constitucionales en múltiples ámbitos, incluyendo el electoral. De ahí la necesidad de “una interpretación sistemática, finalista, integradora y con dimensión constitucional del marco normativo derivado de la declaración del estado de alarma”, pues “el silencio de la ley no excluye la necesidad de una regla de conducta para casos no previstos en ella, atendiendo a los principios generales contenidos en la propia legislación electoral”.
En consecuencia, en Melilla tendría el Gobierno de España que declarar el estado de excepción o aplicar un 155 acomodado. Si tuviéramos un auténtico Estatuto de Autonomía no dependeríamos del Gobierno, pero lo que tenemos es una servilleta de papel de un cafetín. El único que puede suspender las elecciones es quien las convocó.
Si esto sucediera, la “reactivación del proceso habría de tenerse por válidos los actos ya realizados (presentación de candidaturas, sorteo de miembros de las mesas) o habrá de reiniciarse todo el proceso. Comenzando, naturalmente, con las variaciones experimentadas por el censo electoral durante el período de suspensión o aplazamiento y la modificación legal del voto por correo.
Como verán, mi propuesta de suspensión no tiene nada que ver con la CPM. Ellos persiguen retrasar el proceso para que pueda presentarse su líder. Con mi propuesta, el proceso actual seguiría igual. Y no tendría cabida la especulación aberchana.
PD
En las elecciones del 2008 (las de la condena por el voto por correo) el coordinador de campaña de CPM fue el mismo que en esta campaña 2023. Es como Mercurio alado en la noche. En la mitología griega, Mercurio es Hermes, el encargado de llevar los mensajes secretos (herméticos) y descifrar a sus destinatarios, el intérprete (hermeneuta) de los secretos transmitidos oralmente al resto de dioses del Olimpo.
