La Asamblea de Melilla ha dado luz verde este lunes a una serie de tramitaciones presupuestarias que, en esencia, permitirán modificar créditos para que la Ciudad Autónoma salde una deuda de 12,7 millones con las empresas adjudicatarias de la gestión del centro de acogida de menores (6 millones), el centro de reforma (5 millones), y la gestión de la red de aguas (1,7 millones). La unanimidad en todos los puntos salvo el último, en el que CPM se abstuvo, no evitó el debate entre cepemistas y populares, marcado por el cruce de reproches y acusaciones entre ellos.
El debate, en concreto, lo protagonizaron la portavoz de CPM y exconsejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, y quien le ha sucedido en el cargo al frente del área de Hacienda en esta legislatura, Daniel Conesa (PP), que calificó los asuntos expuestos este lunes en el Pleno como “marrones heredados del Gobierno anterior”.
Almansouri, sin embargo, tenía una opinión distinta al apuntar que algunos de los puntos eran “ejemplo de una forma diferente de hacer las cosas y tramitar expedientes conforme a la legalidad y con transparencia”, como aseguró en el caso de la modificación presupuestaria para que la Ciudad abone 1,7 millones de euros en facturas pendientes con Sacyr, la adjudicataria de la gestión de la red de aguas.
La portavoz cepemista se basó en que el anterior Gobierno del PP se limitaba a pagar esas facturas a través de la cuenta 413 “con nocturnidad y de forma opaca”, mientras que el de la pasada legislatura elevó el asunto al Consejo de Estado, “que dio sus parabienes” a ese pago.
La opinión de Conesa al respecto era muy distinta, afirmando que este asunto era “un ejemplo de una malísima planificación a la hora de ejecutar los contratos”, especialmente en cuanto a las prórrogas y a la falta de antelación suficiente para sacar nuevos pliegos a adjudicación.
El actual consejero de Hacienda se mostró, de hecho, sorprendido de que Dunia Almansouri “saque pecho” de ello, que fue lo que derivó en otros problemas, como los reparos de Intervención para abonar las facturas pendientes de pago.
Centro de reforma
La misma dinámica siguieron en el debate del resto de los puntos del orden del día del Pleno, algunos de los cuales fueron aglutinados por tratarse del mismo asunto.
Ese fue el caso de los puntos relativos a los impagos a la Fundación Diagrama, que gestiona el centro de reforma, a la que la Ciudad Autónoma debe 5 millones de euros.
“Reconozco que se tenía que haber tramitado con más agilidad, pero reconozcan ustedes que el dinero estaba reservado”, dijo Almansouri. Conesa, sin embargo, negó que tener el dinero en el remanente de Tesorería signifique “que está guardado”. Además, reprochó a su antecesora que no resolviera la ausencia de un contrato en dos años y la acusó de intentar desviar la atención.
En este punto también intervino brevemente el portavoz de Vox, José Miguel Tasende, para instar a que se compruebe si podría haber responsabilidad penal del anterior Ejecutivo, a lo que Almansouri respondió acusándolo de intentar llevarlos “al paredón”, mientras que Conesa instó a seguir los pasos administrativos para saldar “cuanto antes” la deuda con la empresa antes de entrar a valorar si podría haber responsabilidad penal.
La Purísima
El último punto, único sin unanimidad, fue el de la deuda de seis millones de euros que la Ciudad Autónoma tiene con Arquisocial, que gestiona el centro de menores de La Purísima. Este asunto, abordado tras un receso por falta de documentación, obtuvo el voto favorable de todos los grupos salvo CPM, que se abstuvo.
Como en los anteriores puntos, los reproches entre CPM y PP marcaron este debate, que se remontó a cuatro años atrás, cuando los anteriores socios de Gobierno, CPM y PSOE, no estaban de acuerdo respecto a la prórroga del contrato. Al igual que en 2019, Almsansouri defendió la postura cepemista de que no se debía haber prorrogado y acusó a la empresa y al PP de no velar por los intereses de los menores acogidos en La Purísima.
Conesa, por su parte, rebatió acusando a CPM de “querer cargarse” el contrato en 2019 “sin explicar por qué”. Y lanzó un último mensaje a Almansouri: “Debería tener más prudencia a la hora de hablar, porque encima queda en ridículo. Todos sabemos lo que hay alrededor de los contratos de los centros de menores”, ha dicho tras recordar que la creación de uno en La Purísima durante la pandemia está judicializado.
