Los ministros de Interior del G6 (España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Polonia) trataron ayer cómo afrontar la inmigración irregular en la UE, durante la primera de las dos jornadas de reuniones en Barcelona para abordar las amenazas que afectan al espacio europeo de seguridad. En la misma el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha subrayado que se ha constatado que la primavera árabe y los conflictos de Siria y Malí, además de la situación de Iraq, dejan a un gran número de desplazados "que agravan la inmigración de raíz económica y social" hacia el continente europeo, y que sufren principalmente España y Grecia. Ha destacado que se está consolidando en la UE la convicción de que "la lucha contra la inmigración irregular tiene que ser una política comunitaria", y que los países que son frontera exterior de la UE, como España, soportan una mayor presión y necesitan una ayuda especial.
Para el ministro español, esta política europea debe basarse en ayuda al desarrollo en los países de origen, pese a lamentar que haya estados interlocutores para recibir esta ayuda que son estados fallidos, y ayuda para blindar las fronteras. Ha apostado por que antes de ofrecer la ayuda al desarrollo, hay que "establecer una base institucional mínima en estos países". También ha avisado de que la Task Force Mediterránea (TFM) de la UE y el Frontex no pueden ser "desnaturalizadas" convirtiéndolas en agencias humanitarias porque son organismos para luchar contra la inmigración irregular y solo se lograría que las mafias traficaran con más personas, aunque ha asegurado que mantendrán su principio de actuación humanitaria con los náufragos.
