La patronal melillense advierte que con este Real Decreto Melilla y Ceuta “perderán consistencia en uno de sus atractivos fiscales y fiabilidad en el tiempo”, ya que dicha subvención estará sujeta a los Planes Integrales de desarrollo socioeconómico de ambas ciudades autónomas
La Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) ha expresado a través de un comunicado de prensa su “preocupación” por la publicación del Real Decreto 660/2023 de 18 de julio, por el cual no se mantiene la bonificación del 50% en las cuotas patronales de la Seguridad Social para las empresas y trabajadores melillenses, sino que se sustituye por una subvención “a año vencido”.
Según ha explicado la patronal melillense, con este RD las empresas “deberán liquidar los seguros sociales todos los meses aplicando tan sólo 262 euros por trabajador indefinido a jornada completa, estando obligada, además, a proporcionarle una formación de 20 horas dentro de los planes estatales de formación”.
El resto del importe hasta alcanzar el 50% de los seguros sociales “deberá pagarlos y solicitarlos al año siguiente” al SEPE a través de una subvención, con sus plazos reglamentarios, es decir, tres meses para solicitarlos, otros tres para que la administración responda y “un silencio negativo que anula las posibilidades de concesión en caso de que no responda”.
De este modo, la CEME concluye que el nuevo RD “no es aplicable a todas las personas contratadas de manera temporal, bien sea por contratos de sustitución de algún trabajador, o bien sea para cubrir una tarea ocasional”. Por lo tanto, las empresas ya no dispondrán de una bonificación para dichos trabajadores.
Por otro lado, las empresas pasará de ser bonificadas “de manera automática” a ser “subvencionadas” con una ayuda que se deberá solicitar “a año vencido” al SEPE.
Los trabajadores también resultarán seriamente perjudicados con este RD, puesto que señalan que “podrían dejar de percibir en sus nóminas” entre 70 y 90 euros al mes.
Consecuencias
En definitiva, la CEME advierte que con esta medida las empresas sufrirán “un mayor coste financiero”, tendrán que “optimizar las contrataciones” y las ciudades de Ceuta y Melilla “perderán consistencia en una de sus atractivos fiscales y fiabilidad en el tiempo” debido a que dicha subvención estará sujeta a los Planes Integrales de desarrollo socioeconómico elaborados por el Gobierno de la Nación para las ambas ciudades autónomas.
