La Asamblea de Melilla aprobó ayer el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, que supondrá un coste de 61,4 millones de euros en cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros dos. El pliego de condiciones fue apoyado únicamente por los grupos políticos que sustentan el Gobierno, PP y Grupo Mixto, y aunque los tres grupos de la oposición reconocieron que es mejor que el que está ahora vigente, Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (Cs) decidieron abstenerse. Los tres grupos de la oposición coincidieron al criticar en sus respectivos turnos de palabra la falta de tiempo que han tenido para estudiar el pliego, a pesar de ser el contrato más importante de cuantos adjudica la Ciudad Autónoma.
El consejero de Coordinación y Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, dijo no comprender la abstención de la oposición, ya que el anterior contrato lo votaron a favor pese a reconocer que tenía peores condiciones.
En cualquier caso, Quevedo destacó la apuesta importante del Gobierno en la mejora de este servicio con más recursos técnicos y humanos, tal y como le había encargado personalmente el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda.
Aumento de plantilla
Según Quevedo, este contrato supondrá la contratación de al menos 50 trabajadores a jornada completa, lo que tiene una “trascendencia social importante” para la ciudad, de manera que 144 personas saldrán cada día, de lunes a sábado, “a limpiar Melilla”, al igual que los lunes posteriores a un domingo festivo, que también se ha recogido como una mejora.
El nuevo contrato, señaló el consejero, incorpora zonas del extrarradio, que han estado hasta ahora excluidas en las labores de limpieza, y permitirá la renovación de buena parte de la maquinaria destinada al servicio, quedando en reserva la que está actualmente en uso para evitar la interrupción en caso de averías.
La Ciudad Autónoma ha dado un mayor peso a la valoración técnica del contrato a la hora de adjudicarlo, elevándolo a un 40% frente al 60% de la oferta económica, para asegurarse de que las empresas que se interesen por esta licitación presenten “ofertas serias y estudiadas” y evitar problemas que se han dado en otros lugares por ofertas a la baja. La oposición no lo ve suficiente, pero el consejero recordó que eso es lo máximo que podían hacer y que la Ciudad Autónoma no se puede meter en cuestiones de organización interna de la empresa que finalmente se quede con el servicio.
