La investigación de la Operación Ópera arrancó en 2009 “para la investigación de presuntos delitos de falsedad documental, exacción ilegal, prevaricación y tráfico de influencias cometidos respecto de la Administración pública”. Pero conforme la brigada de Policía Judicial de la Guardia Civil ha ido desarrollando la investigación, esos cuatro presuntos delitos iniciales se han ampliado a otros cuatro más, ya que “se han hallado indicios de presuntos delitos de cohecho, fraude, malversación y blanqueo de capitales”. Así lo especifica la jueza María José Alcázar en el auto que emitió el 25 de febrero para ordenar los registros que llevó a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el día después en seis consejerías, una viceconsejería, cinco empresas privadas que tienen adjudicados contratos públicos de la Ciudad Autónoma, y tres domicilios particulares, los tres de imputados en esta investigación.
Según el auto, al que ha tenido acceso MELILLA HOY, las consejerías en las que la jueza ordenó la entrada y registro fueron las de Medio Ambiente, Contratación, Hacienda, Bienestar Social, Seguridad Ciudadana y Cultura, así como la Viceconsejería de Festejos. En todos los casos, los agentes de la UCO tenían orden de entrar en las dependencias de estas entidades que fueran utilizadas como archivos, registros, oficinas y despachos o puestos de trabajo.
También dispuso la misma orden para las empresas Eulen Seguridad S.A. -tanto la sede de Melilla como la de Madrid-; Hispanagua -en Madrid-, y otras tres empresas que comparten sede en el Polígono Industrial Sepes, concretamente Hijos de Moreno S.A. (HIMOSA), Hostemel S.L. y Sistemas Interactivos Multimedia de Melilla S.L.
Por último, la jueza ordenó la entrada y registro en los domicilios particulares del consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig; del director general de Gestión Económica de Medio Ambiente, José Pastor; y del empresario Abdelkader Kassem, propietario de la empresa Reformas y Construcciones El Porvenir.
En el auto viene reflejada la orden para que se registraran las dependencias donde están albergados los servidores informáticos de la Ciudad Autónoma, y “si los registros autorizados requieren la paralización del servicio, en el caso de que sea necesario, la unidad actuante [la UCO] podrá exigirla desde las nueve de la mañana”.
El objetivo de los registros era “descubrir documentos, efectos, instrumentos o cualesquiera otros objetos que permitan la averiguación y descubrimiento de un delito de falsificación de documento público, malversación, tráfico de influencias, cohecho, fraude, blanqueo de capitales y prevaricación”.
Correos electrónicos
El auto firmado por la jueza contempla una orden delicada, como es la intervención de los correos electrónicos, tanto corporativos como particulares, de los titulares de los despachos, empresas, consejerías, viceconsejerías y domicilios que fueron registrados. En concreto, se exigía el volcado de los buzones de correo, incluyendo “todos los correos electrónicos recibidos, enviados, borrados, en borrador o de otro tipo”.
El último registro, ayer
La jueza ordenó que los registros comenzaran el miércoles a las 9.00 horas, pudiendo prorrogarse durante horas nocturnas. Según pudo saber MELILLA HOY, los agentes finalizaron su trabajo a la una de la madrugada de ayer.
Pero pocas horas después, cuando el jueves estaba arrancando por la mañana temprano, los agentes llevaron a cabo el registro de HIMOSA, en el Polígono Industrial Sepes, que durante todo el miércoles estuvo precintada y custodiada por la Guardia Civil. Sin embargo, no dio tiempo a efectuar el registro, que se hizo ayer por la mañana. Éste fue el último registro de esta nueva fase de la Operación Ópera.
