Almansouri recalcó la necesidad de actuar “con la prudencia que exige un derecho fundamental”, ya que “por parte de un partido político se pretende cambiar una mayoría de gobierno con la expulsión de un diputado”
La Mesa de la Asamblea de Melilla ha acordado solicitar un informe jurídico al secretario general de la Cámara para resolver las dudas legales respecto a la situación del presidente, Eduardo de Castro, tras ser expulsado de Ciudadanos (Cs) y la petición de dicho partido de que pase a ser diputado no adscrito.
La Mesa se reunió este miércoles a solicitud del PP, que había planteado como orden del día que se atienda la solicitud de la formación naranja y De Castro deje de formar parte del Grupo Mixto para pasar a la consideración de diputado no adscrito y, como consecuencia, sea cesado como presidente y se proceda a la elección de uno nuevo.
La vicepresidenta primera de la Mesa de la Asamblea, Dunia Almansouri, ejerció como presidenta accidental en la reunión celebrada ayer, ya que De Castro se ausentó por ser el principal afectado del asunto que se trataba. El voto de calidad de la cepemista decidió la petición de un informe jurídico que avale la decisión que deba tomar.
En declaraciones a los periodistas, Almansouri dejó claro que se trata de una situación que afecta a derechos fundamentales y considera que la Mesa de la Asamblea no es donde se deben dirimir “estas cuestiones tan relevantes”.
Derechos fundamentales
Su postura, defendió Almansouri, ha sido “preservar, en todo momento, los derechos fundamentales”, en este caso contemplados en el artículo 23 de la Constitución respecto al derecho a la participación política y el derecho a ostentar cargos.
Almansouri recalcó la necesidad de actuar “con la prudencia que exige un derecho fundamental”, ya que “por parte de un partido político se pretende cambiar una mayoría de gobierno con la expulsión de un diputado”, lo que a su juicio “exige una petición de informe” jurídico, tras el cual se actuará “en consecuencia”.
No descartó la posibilidad de acudir a otros órganos, como el Consejo de Estado, el Departamento de Desarrollo Autonómico, la Abogacía del Estado o “cualquier órgano que ayude a tomar una decisión acorde con la Constitución” en caso de que el informe jurídico del secretario general de la Asamblea no dé “una respuesta clara y fundamentada”.
El Reglamento de la Asamblea establece un plazo de 10 días para que el secretario general elabore el informe jurídico solicitado, según explicó Almansouri, que cree que se trata de una “situación complicada de defensa de los derechos fundamentales”, en la que hay numerosas sentencias y jurisprudencia y doctrina por parte del Tribunal Constitucional.
Almansouri dejó claro que en ninguna de esas sentencias “se ha quitado o despojado a los que han podido denunciar en un momento dado los cargos públicos que tenían”.
Almansouri rechaza que la Mesa de la Asamblea tenga competencias para cesar al presidente
La vicepresidenta primera de la Ciudad Autónoma mostró su desacuerdo con el PP en que este asunto se tenga que abordar con premura, habida cuenta que “no está desarrollado en el Reglamento” y, además, “es una cuestión nueva a la que nunca nos hemos enfrentado”, por lo que no hay precedentes que ayuden a dirimir si la decisión que se adopta es la adecuada.
Además, rechazó que la Mesa de la Asamblea tenga competencias para cesar al presidente, ya que asegura que en el Estatuto de Autonomía están tasados los supuestos de cese del presidente y este no es uno de ellos.
En este sentido, expresó su desacuerdo con que dos diputados de la Asamblea puedan decidir por toda una Cámara que eligió al presidente: “Estamos hablando de democracia, de derechos, y no porque un partido político tenga ansias por recuperar la Presidencia de la Ciudad, esta vicepresidenta se va a subir al carro al que nos está intentando llevar el PP”, manifestó.
Almansouri dijo no tener constancia de las medidas cautelarísimas solicitadas por el presidente, ya que este solo ha hecho llegar el justificante de haberlas pedido.
