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La Ley de Asilo, escollo principal para iniciar la apertura inmediata de la frontera

La modificación de la actual Ley de Asilo o eliminar la excepción del Tratado de Schengen en Ceuta y Melilla, dos medidas esenciales cuya consecución no será a corto plazo

El mayor problema para una apertura inminente de las fronteras de Ceuta y Melilla es la Ley de Asilo, y en concreto la reciente doctrina del Tribunal Supremo, según la cual todo el que pida esta medida de protección tiene derecho a la libre circulación por toda España y no se pueden limitar sus desplazamientos a Ceuta o Melilla una vez que su solicitud se admita a trámite. Esto abría la puerta a que todos aquellos marroquíes que entren en Ceuta y Melilla sin necesidad de visado (debido a la excepcionalidad de Schengen para los residentes en Tetuán en el caso ceutí y Nador en el melillense) y pidan asilo, tengan acceso a la Península, aunque luego no se admita su petición.

El ejemplo perfecto es lo ocurrido tras las avalanchas fronterizas por el Tarajal los días 17 y 18 de mayo. Desde la fecha en la que se produjeron las entradas masivas por la frontera, el Gobierno ha atendido hasta miles de solicitudes de asilo por parte de inmigrantes marroquíes entre ambas ciudades autónomas. “Miles de marroquíes que pueden entrar a Melilla desde Nador y también a Ceuta desde la provincia de Tetuán solo con pasaporte ya podrían pedir asilo”, advierten en este sentido los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La práctica ha demostrado que la mayoría de las 6.500 peticiones de asilo registradas en Melilla y Ceuta en 2021 son de ciudadanos marroquíes.

En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja desde hace meses en la modificación de la Ley de Asilo para conseguir que las solicitudes presentadas en Melilla y Ceuta se tramiten y se resuelvan en el plazo máximo de 10 días, “con el objetivo de devolver con rapidez a Marruecos a todos aquellos a los que se les deniegue la protección”.

“El plan, en el que se viene trabajando con vistas a la reapertura de fronteras con Marruecos, exige una modificación de la ley de asilo y un despliegue de infraestructuras para retener a los solicitantes mientras se estudia su petición”. “Pero que funcione depende sobre todo de que Rabat acepte el retorno de todos los rechazados según se deniega su solicitud, la más complicada de las tareas”, según informó El País citando a fuentes gubernamentales españolas.

Según las mismas fuentes, los solicitantes permanecen retenidos en espacios cerrados. Si la petición se admite a trámite, el interesado puede esperar el resultado en libertad y con posibilidad de desplazarse por todo el territorio español. Pero si se rechaza, la ley contempla su devolución inmediata al país de origen o de tránsito (Marruecos). El grupo de trabajo que se encarga de esta tarea está formado por cuatro ministerios del Ejecutivo español, y ningún caso su consecución va ser inminente.

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Redacción

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