La reciente reforma de la Ley de Extranjería, a través de una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana, “establece el régimen especial para Ceuta y Melilla” por el cual la figura del rechazo en frontera aparece recogida en sus respectivos vallados. Así lo recordó ayer el Gobierno central en una respuesta parlamentaria, en la que asegura que esta medida, que tanta polémica ha despertado, fue debatida antes de su aprobación con “representantes de distintos organismos e instituciones, estando entre ellos el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa”, Nils Muižnieks.
El Gobierno insiste en que esta disposición adicional “hace explícita la garantía del respeto a la normativa internacional en materia de derechos humanos, de la que forma parte el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, específicamente, de la reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria”.
Asimismo, señala que “independientemente de la desestimación de la entrada de quienes traten de acceder irregularmente en territorio nacional, podrá serles reconocida la condición de refugiado o la protección subsidiaria en los lugares habilitados al efecto en los puestos fronterizos, de acuerdo con la normativa reguladora de las solicitudes de protección internacional en frontera”.
El Gobierno reitera que España, como Estado soberano e integrante de la Unión Europea, “tiene la obligación de vigilar y proteger sus fronteras” y en el desempeño de estas funciones, “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan siempre de acuerdo con los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, velando en todo momento por la seguridad de las personas y con el respeto de los derechos humanos, facilitando en los casos en los que la ley lo determine, el acceso a la protección internacional”.
