Primero fueron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) los que hicieron huelga y terminaron con un acuerdo. Esto llevó a otros actores de la Justicia a reclamar igualmente mejoras salariales, como son el personal de la administración, en su mayoría de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, pero también médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Con paros diarios indefinidos desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde, los sindicatos han ido exigiendo para estos trabajadores un aumento salarial en línea con el pactado con los letrados tras más de dos meses de huelga, de entre 430 y 450 euros brutos mensuales más.
Pero, salvo acuerdo de última hora, parece que aquí no van a quedar el descontento laboral en la Justicia porque las Asociaciones de jueces y fiscales han anunciado este viernes al Consejo General del Poder Judicial la convocatoria formal de una huelga indefinida a partir del 16 de mayo a la espera de la reunión que mantendrán el próximo miércoles, 3 de mayo, con el Ministerio de Justicia en la Mesa de Retribuciones en la que también participará el órgano de gobierno de los jueces y la Fiscalía General del Estado.
Los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han suscrito con sus firmas la convocatoria ante «la necesidad de una actualización y adecuación retributiva razonable» debido a «la pérdida de poder adquisitivo» que dicen arrastrar desde 2009.
Las asociaciones convocantes han incidido también en que «desde hace años» se ha producido un «notorio aumento de la litigiosidad dimanante», entre otras razones por una «catarata de reformas legislativas que no hacen sino incrementar exponencialmente las funciones y, por extensión, las cargas de trabajo de jueces y fiscales».
La situación, como ven, no se presenta nada sencilla y además de las consecuencias laborales, para los trabajadores afectados, estarían también las consecuencias para el resto de ciudadanos. Porque si la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia logró prácticamente paralizar la actividad judicial durante dos meses, imagínense qué puede ocurrir si finalmente se lleva a cabo la de jueces y fiscales a partir del 16 de mayo.
El Gobierno, en este caso el Ministerio de Justicia, debe dar una solución a esta problemática que ha puesto a todos sus trabajadores “en pie de guerra” en tan corto espacio de tiempo. De lo contrario, la actividad judicial se verá nuevamente resentida, con el consiguiente perjuicio para todos.
