Se trata de nueve facturas de servicios prestados entre 2012 y 2014 en varios centros educativos.- La Ciudad ha tardado medio año en finalizar el expediente de revisión de oficio, que pasará por el Consejo de Gobierno entre el martes y el miércoles
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Melilla ha condenado a la Ciudad Autónoma de Melilla a continuar tramitando un expediente de revisión de oficio que ya inició por facturas no abonadas a una empresa, Eulen Seguridad S.A., que ascienden a 40.271,26 euros por unos servicios prestados a dicha administración.
La sentencia, a la que ha tenido acceso MELILLA HOY, desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por esta mercantil “contra la inactividad de la Ciudad Autónoma de Melilla y, consecuentemente, no atender la pretensión de cobro de aquél”.
Además, el juzgado condena a la Administración demandada “a continuar tramitando correcta y completamente el expediente de revisión de oficio ya iniciado, allí donde éste quedó”, y resuelve que cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Con esta sentencia, fechada en 4 de octubre de 2022, decae la reclamación de responsabilidad patrimonial que efectuó dicha empresa “contra el silencio de la Ciudad Autónoma de Melilla” por la suma de 40.271,26 euros, que es el montante de unas facturas por unos servicios satisfechos que no han sido abonadas.
Según un informe de noviembre de 2018 elaborado por el entonces director general de Educación y Colectivos Sociales, al que ha tenido acceso MELILLA HOY, se trata de nueve facturas de servicios prestados entre 2012 y 2014 en varios centros educativos por cuestiones como la instalación de circuito cerrado de TV, suministros de otros elementos y vigilancia.
Según dicho informe técnico, los servicios y suministros facturados “fueron efectuados de modo satisfactorio sin que tenga constancia, en la actualidad, cuál fue el órgano que efectuó el encargo de dichos servicios o suministros máxime el periodo de tiempo transcurrido”.
Con esta sentencia, el juzgado atiende la postura de la Ciudad Autónoma, que “pide la desestimación de la demanda, pero, subsidiariamente, interesa que se condene a la Administración demandada a tramitar correcta y completamente el expediente de revisión de oficio ya iniciado”.
Según apunta la sentencia, ante la reclamación de responsabilidad patrimonial de la empresa, la Ciudad Autónoma “niega que se haya reconocido obligación de pago alguna, aunque sí reconoce una contratación irregular con la recurrente (encargo verbal de servicios)” y “defiende la prescripción de parte de la deuda”.
Consejo de Gobierno
La consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, ha dado a conocer este lunes en rueda de prensa esta sentencia, que fue comunicada a la Ciudad Autónoma en noviembre del año pasado, y tras la cual el Gobierno de Melilla ha estado trabajando “semanas, por no decir meses” en el expediente que ha sido condenado a seguir tramitando.
Ese expediente, según la consejera, ya está listo para que pase por el Consejo de Gobierno entre este martes y el miércoles e iniciar un procedimiento de revisión de oficio que ha pronosticado que “terminará en el juzgado”, ya que “será imposible abonar esas facturas porque no consta que se haya pedido el servicio, ni quien lo solicitó”.
“Alguien tendrá que justificar quién le hizo los encargos, porque no fueron funcionarios con procedimientos habituales. Quizá fue algún consejero o consejera o personal eventual que colocaba en determinados lugares. Hay mucho que explicar”, ha insistido Almansouri para criticar la gestión del anterior Gobierno del PP.
La consejera ha destacado algunas de las frases de la sentencia que, a su juicio, reflejan esa crítica al proceder del anterior Ejecutivo melillense en la gestión de la contratación pública, entre ellas, que “se tiene por acreditado la irregular contratación de la Administración demandada a la mercantil recurrente (encargo verbal)” y “se reconoce por ambas partes que no existe vínculo contractual alguno entre ellas”.
En este fallo, el juez considera que “la reacción ante las irregularidades en el ámbito de la contratación pública no puede ser intimar a la Administración por vía judicial para que pague lo que debe” porque “la función de los tribunales de justicia no consiste en «salvar» las irregularidades de la contratación administrativa”.
Y se muestra partidario de que, en estos casos en que la Administración ha actuado de espaldas a la legalidad (pues no es otra cosa que verbalmente se encargue un servicio por una Administración, sin contrato administrativo alguno), lo procedente para tratar de reparar el agravio económico causado es acudir al procedimiento de revisión de oficio”.
Espera que se reabra la Operación Tosca
Dunia Almansouri considera que se trata de “un asunto grave” porque estas facturas se enmarcan en una pieza separada de la denominada Operación Tosca, que fue archivada “no porque no se apreciara delito, sino por una cuestión de tiempos judiciales, por inactividad”.
Esta empresa reclamaba en esa pieza de la Operación Tosca 433.780 euros “por facturas no cobradas por servicios contratados verbalmente”, ha dicho Almansouri, que se ha remitido al informe técnico, según el cual “no queda justificada cuál era la necesidad a cubrir, ya que había empleados públicos que hacían esos cometidos”.
La consejera de Hacienda, que ha dado su rueda de prensa acompañada por otros tres consejeros de Coalición por Melilla (CPM) -Rachid Bussian, Mohamed Ahmed y Cecilia González-, ha dicho que esperan que “esta información nueva dé pie a la reapertura de la Operación Tosca”.
Según ha dicho, esa operación “fue una de las grandes vergüenzas para la ciudad”, con guardias civiles entrando a registrar dependencias de la Ciudad Autónoma en una investigación que “quería dar luz a la gestión de más de 100 millones de euros de dinero público gestionado a través de llamadas telefónicas y a dedo por miembros del PP”.
La consejera no ha querido precisar en su comparecencia el nombre de la mercantil porque “las empresas no son las responsables”: “Lo que no esperan las empresas es que un gobierno presuntamente tan corrupto les va a encargar servicios que no necesita para mantener la red clientelar que ha tejido durante 20 años y luego no les iba a pagar”.
Almansouri cree que “el PP sabe que se está tramitando este expediente” y “está nervioso porque es consciente de que si se reabre la Operación Tosca, va a arder Troya”.
