El investigado, detenido en 2024 por defraudar más de 800.000 euros en el pago del IPSI, suma ahora un nuevo delito tras meses de análisis documental y financiero.
Melilla, 20 de octubre de 2025.– La Guardia Civil de Melilla ha imputado un nuevo delito de blanqueo de capitales al considerado principal responsable del mayor fraude fiscal cometido en la Ciudad Autónoma, tras una exhaustiva investigación desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Melilla, en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) y el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de Canarias.
El hombre, de 37 años, con doble nacionalidad española y alemana, ya fue detenido en noviembre de 2024 por diversos delitos económicos, al defraudar más de 800.000 euros correspondientes al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI). Con un amplio historial delictivo en materia económica y patrimonial, entre sus antecedentes figuran estafa, malversación, fraude y apropiación indebida.
Una investigación compleja y multidisciplinar
La nueva imputación surge a raíz de denuncias interpuestas por empresas del sector del transporte y trabajadores autónomos afectados por el fraude. A partir de estos hechos, la Unidad de Patrimonio de la UOPJ de Melilla abrió una nueva línea de investigación, tutelada por la Fiscalía de Área y el Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla.
Durante varios meses, los investigadores llevaron a cabo un minucioso análisis de documentación, cuentas bancarias y dispositivos electrónicos intervenidos, lo que permitió obtener indicios sólidos que vinculan al acusado con operaciones de blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas desarrolladas tanto en Melilla como en distintos puntos de la Península.
Como resultado, en julio de 2025 se le notificó oficialmente la imputación del nuevo delito, ampliando así las causas abiertas contra él.
Daños a la economía local
Según ha destacado la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, la actividad delictiva del imputado provocó graves perjuicios económicos a empresas locales y trabajadores autónomos del transporte, afectando directamente a la estabilidad del tejido económico de la ciudad.
Compromiso con la lucha contra los delitos financieros
La Guardia Civil ha subrayado la complejidad y la coordinación interterritorial que ha requerido esta operación, reafirmando su compromiso con la defensa de la legalidad, la protección económica y la lucha contra los delitos financieros y patrimoniales.
Esta actuación se enmarca en el esfuerzo permanente del Cuerpo por salvaguardar los intereses de la ciudadanía y del tejido empresarial, frente a conductas delictivas que atentan contra la estabilidad económica y la confianza en las instituciones.
