Como viene siendo habitual desde hace más de una década, las entidades que formamos parte de la organización de la Campaña Mundial de la Educación (CME) en Melilla, hacemos balance del último año de la situación del estado de la educación pública, que debe ser de calidad e inclusiva. Como dice el lema de la CME en todo el mundo en este año: Pedimos la palabra por la educación.
Desde el punto de vista de la educación formal, el curso camina hacia su tercer trimestre fundamentalmente como empezó: con problemas de ratio por resolver(con más escolares por aula de lo permitido por la norma legal y el sentido común); con menos personal docente y no docente de lo necesario; con el mayor índice de fragmentación socioeducativa y cultural de España según el Consejo de Estado; con una huelga general de educación; con la problemática por resolver de las oposiciones y la estabilidad del profesorado (con un excesivo número de interinos) y sin ningún nuevo centro educativo, a pesar de la evidente necesidad. Apenas se puede apuntar en lo positivo el comienzo de obras de un reiteradamente prometido Instituto de Secundaria, y la finalización de la obra “civil” de otro centro polivalente, el del mercado central, que acumula retrasos y promesas de apertura.
Desde el punto de vista de los menores sin escolarizar, se mantiene o empeora la situación anterior. La “Residencia de Estudiantes Marroquíes”, sigue siendo la válvula de escape para que aquellas familias con algún problema de documentación no escolaricen a sus menores, muchos de ellos melillenses, en los centros de la ciudad, a lo cual tienen todo el derecho del mundo: de la constitución española, de las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, de la Convención de Derechos del Niños firmada por España, de la Ley del menor y de la Ley de Extranjería.
Se está abriendo un nuevo periodo de escolarización en los centros educativos de Melilla, y una vez más, se pretenderá que aquellas familias que viven con arraigo en la ciudad pero sin estar empadronados o con algún otro tipo de problema,tendrán que lidiar con las Secretarías de los centros para que simplemente les admitan los “papeles” en los colegios, a pesar de estar amparados por la ley. Esta negativa para no admitir solicitudes de escolarización es la estrategia que el MECD utiliza para negar que haya en Melilla tantos niños y niñas sin escolarizar. Como intentan que no tramiten su solicitud, pretenden hacer creer a la justicia y a la sociedad que no se le niega a nadie la escolarización: a efectos estadísticos estos casos no existen.
Estas familias tienen derecho a la educación de sus hijos e hijas y la cuestión es: ¿por qué no lo denuncian? En el caso de que en los centros se les llegara a explicar la verdad de la situación, posiblemente por un doble motivo. En primer lugar, por miedo de las consecuencias que les puede acarrear exigir el derecho fundamental de la educación en una ciudad española y europea, por intentar que la administración simplemente cumpla la ley. Y por otra, porque la “Residencia”, de titularidad marroquí en Melilla, ofrece su espacio a todas las familias que lo solicitan. Y se vea por donde se vea, esto es una vergüenza, desde el punto de vista de la educación como derecho humano universal, además de la forma de evitar una cadena que lastrará el futuro de Melilla, puesto que estos niños crecerán aquí, como hoy viven aquí igual que sus progenitores.
En este año, sin embargo, se ha producido una importante novedad en esta situación, pero por ahora no aquí, sino en Ceuta. Los casos de menores ilegalmente no escolarizados se denunciaron, por parte de ONG pero también por parte de diferentes partidos, ante la fiscalíade la ciudad hermana en 2015. El resultado en Ceuta de esta denuncia ha sido que el Ministerio Fiscal, ya en 2016, haya decidido instar al MECD a tramitar las solicitudes de escolarización de niños no empadronados a los que se les ha negado el derecho a la escolarización en Primaria y Secundaria.
Ahora, solo estamos a la espera de que la Fiscalía, que debe aplicar un criterio único en sus posicionamientos en toda España, aborde definitivamente el sonrojante hecho de ser la única ciudad de todo el país contantos niños y niñas sin poder ir al colegio, negándoles su presente y el futuro de todos. Y por último, pero no por ello menos presentes en la vida de la ciudad, abordamos el tema de los denominados MENA: Menores No Acompañados, tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla.Los 70 u 80 menores pertenecientes a este colectivo, que malviven en nuestras calles al no ofrecerles el centro un futuro real, tienen derecho a la educación, aunque puedan no querer ejercerlo: es responsabilidad de la administración pública su consecución.
En este aspecto prácticamente no se ha avanzado casi nada. Mientras se debate sobre las complejas relaciones internacionales del problema, mientras los gobiernos -también el español- han firmado el compromiso con la educación plena de calidad para 2030, desde la CME solo señalamos la necesidad de que se cumpla el derecho universal a la educación. Y que se trabaje por fin por parte del gobierno español con el marroquí para llegar a un acuerdo que proteja a los niños y niñas de una vez.
Destacamos que se han producido algunos hechos que consideramos positivos, como diversas iniciativas de ONG que ponen sus recursos a disposición de la atención de estos menores tutelados pero no tratados adecuadamente.También nos gustaría destacar próximamente como positivo que se deje de amenazar con denuncias a las ONG y, recientemente, incluso a universidades como la católica Universidad Pontificia de Comillaspor hacer públicos informes que son críticos con la gestión de la Consejería de Bienestar Social y evidencian lo que cualquiera puede ver. Incluso se ha llegado a dudar de sus aspectos metodológicos o académicos, algo que obviamente no corresponde a la administración pública. Querríamos pensar que no se está intentando “matar al mensajero” en un palpable problema con la atención y la educación legalmente debida a estos menores; contribuyendo además a que se alimente entre la ciudadanía un rechazo y una sensación de inseguridad contra niños, para el mal de todos y de nuestra dignidad como ciudad española.
Las críticas que se hagan desde informes de organizaciones sociales y universidades a las políticas públicas sociales en la ciudad de Melilla, tanto si son de MENA como si son de cualquier otro tipo, no pueden tener nunca como conclusión que es mejor cerrar al conocimiento público lo que se hace con dinero de todas las personas. Por todo ello, instamos tanto a la administración pública como a todos los partidos políticos a que realicen una evaluación rigurosa de las condiciones que padecen estos niños, de las causas que los llevan a jugarse la vida en el puerto a diario en vez de estar en el centro, de la gestión y el personal del mismo y, en definitiva, a actuar inmediata y responsablemente con estos menores.
