Luis Iglesias Vázquez, doctor de Área de Absentismo en Sociedad Quirón Prevención, advierte que el absentismo laboral es un “problema de Estado” que ha supuesto un coste directo de 33.000 millones de euros en 2025, y que afecta a más de 1,5 millones de trabajadores que no acuden a su puesto de trabajo
La sala de conferencias del Real Club Marítimo de Melilla acogió este viernes por la mañana las IV Jornadas Jurídico–Laborales, organizadas por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla y por el Grupo Quirón Prevención, y en la que se abordaron como cuestiones principales el absentismo laboral y el despido.
En la primera ponencia intervino Luis Iglesias Vázquez, doctor de Área de Absentismo en Sociedad Quirón Prevención, quien, en atención a los medios, advirtió de que el absentismo supone actualmente un “problema de Estado” en el que, en primer lugar, representa un problema para la clase trabajadora, ya que afecta a más de 1,5 millones de trabajadores que no acuden a diario a su puesto de trabajo, de las cuales un 80% tiene una afectación de salud. Por lo tanto, la salud cobra “una especial importancia”.
En términos económicos, el doctor Iglesias Vázquez señala que el absentismo laboral ha supuesto un coste directo de más de 33.000 millones de euros en 2025, de los cuales se soporta prácticamente a la mitad entre el sistema y las empresas. Lo cual “resta medios” al sistema para dedicarlo a otras cuestiones y, además, competitividad a las empresas.
En el caso de Melilla, ha explicado que la incidencia de este fenómenos es aproximadamente similar a la del resto de España. Sin embargo, ha indicado que la duración de las bajas laborales es de diez días superior a la media nacional.
A su juicio, la solución para atajar este problema pasa, en primer lugar, por tener métricas que “nos permitan hacer una valoración real y específica sobre el absentismo por contingencia común”, puesto que no existe actualmente un indicador primario de absentismo en España. De hecho, dice que se está hablando por primera vez desde el Ministerio de Trabajo de crear un Observatorio de la Contingencia Común.
Por otra parte, apuesta por implementar estrategias para cuidar la salud de los trabajadores con medidas preventivas para reducir la incidencia del absentismo laboral y, por otra parte, medidas reactivas que permitan ayudar a recuperar la salud teniendo en cuenta que el 80% del absentismo en España, incluyendo a Melilla, viene motivado por una afectación de salud.
Incapacidad temporal
Por su parte, Carlos García Giralda Casas, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, ha reflexionado en su ponencia sobre la situación del trabajador cuando está en incapacidad temporal y, más concretamente, cómo influye este hecho tanto en su protección como en los requisitos o “buena fe” que tiene que cumplir a los efectos de mantener la relación laboral.
“Si bien es cierto que la incapacidad temporal constituye una protección para el trabajador, puede constituir asimismo una causa de discriminación si el empresario actúa por motivos relacionados con dicha enfermedad”, ha explicado.
Detectives
En su ponencia ha reflexionado también sobre los límites que tiene el detective para realizar su prueba de comprobación del estado de salud del trabajador y qué puede hacer en relación a esos límites. Ha reconocido que, en su etapa como juez de lo social de Melilla no detectó muchos detectives porque “es una ciudad pequeña y si hubieran detectives aquí todo el mundo los conocería”. Sin embargo, admite que sí han venido detectives de fuera de la ciudad a hacer un “seguimiento” de cualquier trabajador, e incluso asegura que le consta que a nivel nacional cada vez se recurre más a la figura del detective debido al alto nivel de absentismo laboral en España, algo que las empresas quieren corregir.
En las jornadas han participado además Eduardo Ruiz Vega, presidente del Colegio de Málaga y Melilla de Graduados Sociales y presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales; Juan Fernández Henares, vicepresidente primero del Consejo General de Graduados Sociales, y la directora provincial de Quirón Prevención.
