La Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPyD) en Melilla ha desmentido de forma tajante las afirmaciones difundidas por una organización sindical, que acusaba al Ministerio de “impedir” que el alumnado del Grado en Educación Primaria pueda realizar sus prácticas académicas en los centros concertados de la ciudad.
Ante la difusión de esta información y con el objetivo de evitar malinterpretaciones, la Administración educativa ha querido aclarar el procedimiento que rige la asignación de centros de prácticas para el alumnado universitario.
La directora provincial, Elena Fernández Treviño, expresó su agradecimiento a los centros concertados por su papel esencial en la formación práctica del futuro profesorado. “Su participación es, ha sido y seguirá siendo valiosa para el sistema educativo”, afirmó, subrayando el reconocimiento institucional hacia estos centros.
Criterios técnicos y oferta suficiente en la red pública
La Dirección Provincial recordó que las órdenes que regulan la selección de centros de formación en prácticas y de profesorado tutor establecen que corresponde al Ministerio determinar, cada curso, qué centros y docentes participan en el programa formativo. Estas decisiones se basan en criterios técnicos y organizativos, con el fin de optimizar los recursos disponibles en la red educativa sostenida con fondos públicos.
Según la planificación actual, la oferta de los centros de titularidad pública es suficiente para atender la demanda del alumnado en esta fase formativa. “Esto no implica, en ningún caso, la exclusión de los centros concertados ni supone modificar nuestra política de colaboración”, puntualizó Fernández Treviño.
Una medida temporal y conforme a la normativa
La responsable del MEFPyD negó rotundamente que exista cualquier tipo de medida excluyente. Explicó que la decisión de utilizar la red pública para cubrir las necesidades de tutorización en este momento concreto responde a una medida legal, organizativa y temporal. “No supone la finalización de la colaboración con los centros concertados, que continúan plenamente reconocidos como centros formadores”, remarcó.
La Dirección Provincial aseguró que, en caso de aumentar la demanda de tutores de prácticas o requerirse una ampliación de la capacidad formativa, la colaboración se extenderá —como es habitual— al conjunto de centros sostenidos con fondos públicos, tanto públicos como concertados, garantizando así la mejor formación posible para el alumnado de Magisterio.
Por este motivo, el departamento rechazó el uso del término “ataque” por parte de algunos agentes y reiteró que no se ha adoptado ninguna medida discriminatoria ni excluyente.
Llamamiento a la responsabilidad
La Dirección Provincial subrayó que la decisión se ajusta plenamente a la normativa vigente, incluida la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y tiene como finalidad simplificar y facilitar la gestión de las prácticas en un contexto puntual.
“En ningún caso estamos hablando de un cambio de modelo ni de una ruptura de la colaboración. Seguiremos trabajando conjuntamente con todos los centros sostenidos con fondos públicos, porque todos son esenciales en la formación del futuro profesorado”, concluyó Fernández Treviño.
Finalmente, el MEFPyD apeló a la prudencia y la responsabilidad en la difusión de informaciones que afectan al funcionamiento del sistema educativo y al alumnado universitario.
