La Consejería de Economía y Empleo, la gran novedad del Gobierno en esta legislatura para coordinar todas políticas enmiendas a la lucha contra el desempleo, será finalmente el departamento de la Ciudad Autónoma de la que dependerá la contratación pública a pesar de que estas competencias han estado durante unos días en manos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Este cambio, que se debe a “cuestiones organizativas”, ha supuesto al mismo tiempo modificaciones en la configuración de la Mesa de Contratación y el traslado de la viceconsejera de Contratación y Patrimonio, Esther Donoso, a la Consejería de Economía. El portavoz de la Ciudad Autónoma y consejero de Economía y Hacienda, Daniel Conesa, recordó ayer en rueda de prensa que las competencias de contratación estaban en la anterior legislatura en manos de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, si bien al inicio de la legislatura, en la toma de posesión del Gobierno, el área de Contratación pasaba a ser una viceconsejería adscrita al área de Hacienda, para la que fue nombrada Esther Donoso.
Así venía establecido también en la primera distribución de competencias que fue publicada en el Boletín Oficial de Melilla (BOME) a finales del mes pasado, pero esta semana ha habido cambios en este sentido con la publicación de un nuevo decreto para el reparto de competencias, en el que uno de los grandes cambios alude a la Contratación.
Ello, a pesar de que el acuerdo de gobernabilidad firmado entre PP y PPL establecía que la contratación menor quedara centralizada en la Consejería de Hacienda. Sin embargo, Conesa afirmó ayer que esta cuestión ha sido analizada y dialogada por ambos partidos políticos, que han acordado transferir las competencias a la Consejería de Economía y Empleo porque lo esencial era la centralización de las responsabilidades en el área que ostenta la competencia.
El siguiente paso, dijo Conesa, será establecer una serie de requisitos y articulados sobre contratación menor para “tener cierto sentido común” y no caer en el riesgo de una paralización de la Administración si el consejero competente tiene que firmar todos los contratos menores, incluidos aquellos de muy baja cuantía económica. Por ello, Conesa abogó por que se centralicen los contratos menores solo a partir de una determinada cuantía económica, como ya ocurre para decretar la obligatoriedad de un informe de necesidad para los contratos a partir de 3.000 euros.
Cambios
Uno de los cambios que conlleva centralizar la Contratación en la Consejería de Economía y Empleo afecta directamente a la viceconsejera de Contratación y Patrimonio, Esther Donoso, que ha estado en cuestión de pocos días en dos consejerías diferentes. Ahora, al pasar a Economía y Empleo, la consejera Sofía Acedo deberá firmar una orden de delegación de competencias como ya hizo días atrás Daniel Conesa.
Además, ayer el Consejo de Gobierno dio luz verde a sendas propuestas de ambos consejeros para hacer una reestructuración con la nueva organización de ambos departamentos, que son los que han sufrido los mayores cambios en esta legislatura.
En el caso de la Consejería de Economía y Hacienda, tendrá dos viceconsejerías (Contratación y Patrimonio para Esther Donoso, y Turismo para Javier Mateo), dos direcciones generales (Fondos Europeos y Economía), y una secretaría técnica.
En la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas habrá otros dos viceconsejeros (Hacienda para Guillermo Frías, y Administraciones Públicas para María Ángeles Gras) y cinco direcciones generales (Acción Tributaria, Presupuestos, IPSI, Administraciones Públicas y Función Pública). Tendrá también dos secretarías técnicas, una de ellas para Hacienda y Presupuestos y otra para Administraciones Públicas. Conesa aprovechó para recordar que las direcciones generales y secretarías técnicas las desempeñan funcionarios de la Ciudad Autónoma, de modo que “prácticamente no tienen coste para las arcas públicas”. Sus responsables serán designados la próxima semana.
Dentro de esta reorganización, el consejero explicó que se va a crear una unidad administrativa nueva bajo la dependencia de la oficina presupuestaria de la Ciudad Autónoma, y que se encargará de hacer un seguimiento del control de las partidas presupuestarias porque la vigilancia de su ejecución “debe ser muy intensa para no tener problemas de disposición de crédito”.
