La Comunidad Musulmana de Melilla ha manifestado públicamente su “profunda preocupación, rechazo y firme oposición” a la situación que atraviesa la familia residente en el número 48 del Cerro de Palma Santa, así como al clima de “inseguridad y angustia” que, según denuncia, se ha extendido entre los vecinos del barrio ante la posibilidad real de nuevas demoliciones.
En un comunicado, la entidad sostiene que no se trata de una “historia infeliz aislada”, sino del resultado de “un fracaso político y administrativo acumulado durante años”. A su juicio, resulta inaceptable que viviendas que han contado durante largo tiempo con servicios públicos básicos y han sido toleradas de hecho por distintas administraciones sean tratadas ahora únicamente como una infracción urbanística a corregir mediante el derribo, sin haber agotado previamente todas las vías de regularización, compensación o realojo digno.
La Comunidad Musulmana critica además la reiterada apelación institucional a que “la Justicia obliga” y advierte de que este argumento “no puede convertirse en una coartada política”. “La Justicia ordena ejecutar conforme a la ley vigente, pero corresponde a la Ciudad Autónoma anticiparse, negociar, proponer soluciones y proteger a sus ciudadanos”, señala el texto, que subraya que la pasividad institucional también genera consecuencias que hoy recaen directamente sobre familias concretas.
En este contexto, la entidad exige de manera expresa a la Ciudad Autónoma de Melilla que actúe de forma inmediata para buscar y resolver la situación urbanística y social del Cerro de Palma Santa, con especial atención a la familia afectada, “evitando que se produzcan daños humanos irreversibles”. Asimismo, reclama la adopción de medidas políticas y administrativas extraordinarias, entre ellas la paralización cautelar de cualquier actuación de derribo mientras se articulan soluciones viables.
Entre sus demandas, la Comunidad Musulmana pide también la activación urgente de una mesa de negociación con el Gobierno central, orientada no solo a una eventual modificación futura de la Ley de Defensa Nacional, sino a la búsqueda de una solución concreta y excepcional para los vecinos afectados. Además, insta al Ejecutivo local a asumir públicamente su responsabilidad política por la falta de planificación y por haber permitido durante años una situación que, según denuncia, ahora se pretende resolver “de la forma más traumática posible”.
“No es admisible trasladar todo el peso del problema a las familias ni presentar el derribo como una consecuencia inevitable”, advierte el comunicado, que añade: “Cuando el Estado llega tarde, no puede llegar solo con la excavadora”.
La Comunidad Musulmana subraya que el conflicto trasciende el ámbito urbanístico y lo define como un problema de justicia social, igualdad de trato y cohesión ciudadana. A su entender, la gestión de este caso marcará un precedente “peligroso” para otros barrios de Melilla y puede profundizar la desconfianza hacia las instituciones.
“Defender a esta familia y a su barrio es defender la dignidad de Melilla”, concluye el texto, que reclama “soluciones inmediatas, visibles y verificables” y sostiene que “la legalidad sin humanidad no es justicia, y la política que se limita a ejecutar sin proteger pierde su razón de ser”.
