La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha afeado la falta de «vías legales y seguras» para acceder al asilo en Melilla tras visitar la ciudad autónoma, al tiempo que ha animado a adoptar «sin demora» las reformas legislativas pendientes de tramitación parlamentaria.
Mijatovic visitó la semana pasada Madrid y Melilla, donde tuvo ocasión de reunirse con la delegada del Gobierno, Sabrina Moh; el presidente, Eduardo de Castro, así como altos cargos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y representantes de la sociedad civil y de organizaciones internacionales. También visitó el paso fronterizo de Beni Enzar y el Barrio Chino, al igual que un centro para menores no acompañados y el CETI.
«En la práctica, parece no haber otra vía de entrar en Melilla y solicitar protección ante las autoridades pertinentes que nadando o saltando la valla, arriesgado la vida», ha denunciado en un comunicado, reclamando que esta situación sea «abordada de forma integral para garantizar que quienes necesitan protección puedan acceder al territorio a través de vías legales y seguras».
Por lo que se refiere a la tragedia del 24 de junio, que se saldó con al menos 23 migrantes muertos en la valla fronteriza, Mijatovic ha celebrado las investigaciones en curso del Fiscal General y el Defensor del Pueblo y ha insistido en la necesidad de la plena rendición de cuentas.
En este mismo sentido, ha mostrado su preocupación por las conclusiones preliminares del Defensor del Pueblo de que 470 inmigrantes fueron devueltos en caliente. Aunque los estados tienen «derecho a controlar sus fronteras», ha subrayado, «debe hacerse en pleno cumplimiento de los estándares internacionales de Derechos Humanos».
Por otra parte, Mijatovic ha reconocido que «España ha hecho esfuerzos significativos para avanzar en la protección de derechos sociales en los últimos años», si bien aún queda por hacer «para garantizar el acceso a los derechos a los más vulnerables y para proteger los derechos de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes».
En su opinión, «las reformas legislativas cruciales, pendientes actualmente en el Parlamento, ofrecen una oportunidad para alinear la legislación española con los estándares internacionales y europeos en materia de Derechos Humanos, incluido en el terreno de las libertades de expresión y asamblea, y deberían adoptarse sin demora».
En este sentido, ha mostrado su preocupación por el impacto que sigue teniendo la Ley de Seguridad Ciudadana y ha sostenido que su revisión debería usarse como oportunidad para alinearla con los estándares europeos e internacionales en esta materia.
La comisaria de Derechos Humanos también ha considerado que hay trabajo por hacer para fortalecer el acceso universal a una sanidad pública de calidad, dada la disparidad entre comunidades autónomas. «Se destina una inversión insuficiente a la atención primaria», ha afeado, subrayando que «en muchos lugares, el personal sanitario está exhausto y superado».
«Las condiciones de empleo también son motivo de preocupación ya que el sector sanitario depende principalmente de contratos de corto plazo», ha añadido. Mijatovic también ha reclamado que se investigue de forma efectiva el elevado de muertes en las residencias de ancianos durante la pandemia.
Por último, ha advertido de que «la vivienda no debería percibirse como un lujo que solo está disponible para algunas personas». «El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano central para el pleno goce de la mayoría de los demás derechos», ha subrayado.
Respecto a esta cuestión, ha apostado por abordar cuestiones pendientes como la falta de vivienda social por la escasa inversión pública de años, el alto coste del alquiler o de la compra de vivienda así como los desalojos forzosos. En cuanto a esta última cuestión, ha defendido ampliar la «suspensión temporal de los desalojos de familias vulnerables» adoptado durante la pandemia hasta que se adopte una «solución más estable».
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