El consejero de Hacienda, Daniel Conesa, asegura que siguen solicitando a la Ciudad expedientes de Consejerías del anterior Gobierno local, sobre todo de CPM
El consejero de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, Daniel Conesa, asegura que el Gobierno local está “deseando” que se levante el secreto de sumario de la investigación por la supuesta trama de compra de votos en las elecciones locales del 28-M en Melilla, y que salpican a CPM, para conocer los resultados de la investigación y valorar si se personan como acusación particular en dicho caso desde la Ciudad Autónoma o desde el PP.
A preguntas de los periodistas, Conesa reconoce que siguen solicitando a la Ciudad Autónoma determinados expedientes en Consejerías que dirigía CPM en el anterior Ejecutivo local que compartía con el PSOE y con Eduardo de Castro.
Conesa se ha referido también a un escrito de la Fiscalía General del Estado sobre la supuesta trama de compra de votos en la que se investiga al partido que preside Mustafa Aberchán. Según el popular, el fiscal general del Estado, apuntando a CPM, dice “que se han aprovechado los contratos, los convenios, las licitaciones, las subvenciones, etc. para desviar dinero”.
En este sentido, el titular de Hacienda señala como una de las principales responsables en esta cuestión a su predecesora en el cargo, la cepemista Dunia Almansouri, quien cree que “debería estar callada y escondida donde ella prefiera”. “Porque ella, como mínimo, es desde el punto de vista político, colaboradora necesaria con todo esto que ha pasado. Ella es responsable política de la Consejería de la que tenía antes sus competencias la contratación”, señala Conesa. También señala al PSOE por ser “cooperadores necesarios políticos” en este asunto
“Pufos”
Aparte de esto, el titular de Hacienda acusa también a Almansouri de ser responsable de “los pufos” que ha dejado el anterior Ejecutivo local, como por ejemplo la deuda contraída con la empresa gestora del Centro de Reforma, ‘Diagrama’, que Conesa cifra en alrededor de cinco millones de euros en facturas sin pagar en la actual legislatura.
“Eso vamos a tener que llevarlo a pleno para que éste último apruebe lo que se llama el reconocimiento extrajudicial de esa deuda porque así nos lo ha dicho el Consejo de Estado, y lo vamos a pagar con cargo al remanente de tesorería”, explica.
Otras “deudas menores” que cita el popular son una contraída con una empresa de seguridad que alcanza los 900.000 euros o “una responsabilidad contractual” con una empresa constructora que hizo una obra para la anterior Consejería de Medio Ambiente a la que tienen que pagar más de 1,6 millones de euros.
“En la medida de lo posible, mientras que nos quede sobrante, lo vamos a pagar con cargo al remanente de tesorería”, dice, reconociendo que “no va a ser suficiente”.
