El portavoz del Grupo Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, preguntó ayer durante la sesión plenaria si el Gobierno de la Ciudad tiene previsto proveer el puesto de interventor general mediante concurso y adoptar las medidas necesarias para su provisión definitiva por un funcionario con habilitación de carácter nacional. Ante esto, la consejera de Administraciones Públicas, Katty Muriel, dejó claro que el Ejecutivo lo tiene previsto, a lo que el diputado liberal recordó que desde 2001 existía esa obligación. De hecho, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía así lo recogía.
Liarte argumentó que desde 2011 su formación lleva reivindicando la obligación de la Ciudad de convocar esta plaza y cubrirla con un habilitado de carácter nacional, y subrayó que la gestión administrativa y económica del Ejecutivo está siendo "cuestionada" tanto por el Tribunal de Cuentas (TCu) como por los Tribunales de Justicia.
"Si hubiéramos tenido un habilitado de carácter nacional, es muy probable que muchos de estos percances no los hubiéramos tenido", resaltó Liarte. La consejera Muriel criticó que haya sido PPL el partido que "ha dudado" de quien ha estado ocupando el cargo de interventor, "dudando de su nombramiento, de su profesionalidad".
Muriel fue tajante al subrayar que el ex presidente de la Ciudad, Ignacio Velázquez, ha sido "imputado, procesado, condenado e inhabilitado" y contaba con un secretario general de habilitación nacional. "La honradez, la objetividad, la imparcialidad y la honestidad está vinculada a la condición de funcionario, y no a la condición de habilitado nacional".
Para Muriel, los funcionarios de la Ciudad han actuado "siempre con honradez, objetividad y con gran profesionalidad".
