El coordinador de Unión, Progreso y Democracia en Melilla, Emilio Guerra, en nota de prensa, considera que la "situación conflictiva" que viven los vecinos del Barrio del Real como consecuencia de la práctica de la prostitución en algunas de sus calles, "debería ser motivo de mayor presteza por parte de las autoridades locales". Afirma que "no se trata tan sólo de escuchar a los vecinos para después decir que el problema es complejo y de difícil solución. Hay que dar respuesta eficaz a una demanda ciudadana". Recuerda que UPYD en su II Congreso Nacional de noviembre de 2013, abordó la problemática y fijó posiciones claras al respecto, aprobándose que "sin menoscabo de las políticas aplicadas contra la trata y la delincuencia sexual, debe estudiarse la posibilidad de establecer un marco regulatorio para el ejercicio de la prostitución, de manera que aquellos hombres y mujeres que libremente y sin coacción decidan ejercerla puedan hacerlo con plena seguridad jurídica, con las garantías sanitarias y de higiene necesarias, y con los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajador".
Asimismo, consideran en UPYD que dicho marco regulador deberá establecer "las medidas necesarias para evitar que el ejercicio de esta actividad provoque conflictos en barrios y ciudades". En cualquier caso, sigue el texto magenta, "la prostitución, debe regularse como una actividad privada y libremente consentida entre adultos, sin participación de menores de edad, retirada de los espacios públicos, ajena al proxenetismo y la delincuencia". Las personas arrastradas a la prostitución contra su voluntad, matizan en UPYD,"deben encontrar apoyo institucional para abandonarla y protección legal y social para poder tomar esa decisión con libertad rehaciendo su vida".
Emilio Guerra, afirma que lo "urgente" en el Real, es tratar de "atender las peticiones de quienes allí residen y sufren las consecuencias de una actividad desreglada y mafiosa que en España mueve más de 5 millones de euros diarios". Además, apuntó, "la falta de un marco regulatorio nacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres víctimas del proxenetismo, traslada este debate a los ayuntamientos".
Afirma que la compra de servicios sexuales, "se encuentran en una situación de alegalidad, es decir, no es legal ni ilegal, simplemente se permite. Pese a que ejercer la prostitución libremente no está penado, los municipios tienen la capacidad de regularla en las calles a través de sus ordenanzas", finalizó Emilio Guerra.
