Aunque respetan la presunción de inocencia para las personas supuestamente implicadas en la trama, avisan que los presuntos delitos que se les imputan son de “una gravedad enorme” y “podría suponer un importante perjuicio al dinero de todos los ciudadanos”
La Ciudad Autónoma de Melilla ha anunciado que se personará como acusación en la denominada como operación ‘Santiago-Rusadir’ porque entiende que se ha producido “un menoscabo de los fondos públicos” a tenor de los presuntos delitos que se les imputan a los principales implicados en dicha trama, la gran mayoría pertenecientes a Coalición por Melilla (CPM), durante su etapa en el anterior Gobierno de coalición que formaron junto con el PSOE y Eduardo de Castro.
Aunque respetan la presunción de inocencia para las personas presuntamente implicadas en dicha trama, desde el Gobierno local avisan que los presuntos delitos que se les imputan son de “una gravedad enorme” y “podría suponer un importante perjuicio al dinero de todos los ciudadanos”.
“El Gobierno de la Ciudad Autónoma tiene la obligación de velar por la buena utilización de los fondos públicos y por exigir el resarcimiento de los daños que se hubiesen, presuntamente, podido producir por esa actuación que los juzgados están describiendo de miembros del Gobierno anterior, de CPM”, ha manifestado en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Daniel Conesa, quien muestra aún cautela al respecto hasta que no se desvele por completo el sumario de la trama para hacer una valoración del asunto “más concreta”, así como en respetar la presunción de inocencia de los implicados en la trama. “Algo que no tuvieron, entre otros, estos señores de CPM en otras épocas en las que tuvimos acusaciones y procedimientos que quedaron (archivados) por falta de los más mínimos indicios”, reprocha.
“Llenándose los bolsillos”
Al hilo de esto, Conesa ha rebatido las declaraciones que han realizado estos dos últimos días los diputados socialistas Rafael Robles y Elena Fernández Treviño, acerca de su nulo conocimiento sobre las supuestas irregularidades que cometió CPM en la legislatura anterior. Para ello, ha recordado los polémicos grupos de WhatsApp que creó el PSOE local nada más conformarse el anterior Ejecutivo de coalición con CPM y Eduardo de Castro, y en los que el partido maniobró dos veces para echar al exdiputado de Ciudadanos, una con el PP y otra con CPM-Jesús Delgado, pero ambas fracasaron.
“Ellos mismos hablaban de que se estaban llenando los bolsillos, en referencia a CPM, y conocían que la situación que se estaba produciendo era un tanto extraña”, señala.
Respecto a las conversaciones con el PSOE por aquel entonces, Conesa se muestra satisfecho de que al final, “y a mucha honra”, el PP decidiese quedarse en la oposición durante la anterior legislatura. “Y gracias a nuestra actuación en la oposición, muchas de estas cosas que hoy estamos conociendo, se conocen, porque hicimos muchas denuncias de muchos temas que hoy están siendo objeto de investigación”, asevera, poniendo a modo de ejemplo la contratación del concierto de Morad o el de Kiko y Sara.
“Aquí había una organización financiada presuntamente con fondos públicos que se utilizaba para comprar votos y para pervertir el resultado de las elecciones”, señala el titular de Hacienda haciéndose eco de los autos judiciales, apuntando que en el año 2019 “se pervirtió” el resultado electoral, “lo que permitió que se formara el engendro de Gobierno con la participación estelar de De Castro y la colaboración del PSOE”.
Auto judicial
Preguntado por la polémica suscitada a raíz del auto judicial en el que apunta a un riesgo de fuga de los miembros de CPM “por su ascendencia marroquí”, Conesa dice que no está de acuerdo “con cualquier tipo de afirmación que pueda vincular una determinada etnia, cultura o religión con una mayor predisposición a cometer una actuación delictiva”.
Aun así, rechaza valorar autos judiciales y reitera que éstos “contienen una descripción de gravísimos delitos que, presuntamente, se hubiesen podido cometer”. “Que a nosotros nos parece que eso es lo fundamental”, subraya, señalando que las personas afectadas por una determinada decisión judicial que consideran “incorrecta” la pueden recurrir ante la propia instancia o a instancias superiores.
“Ese es el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho”, resume.
