El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha denunciado la “herencia envenenada” que, según dice, le legó el anterior Ejecutivo de coalición formado por CPM, PSOE y Eduardo de Castro en forma de “muchísimos pufos” por valor de más de nueve millones de euros por facturas impagadas a las empresas que gestionaban el centro de menores infractores y La Purísima.
Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno local Fadela Mohatar, con la Fundación Diagrama , que gestionaba el centro de menores infractores, había una deuda de más de 6,3 millones de euros por facturas impagadas en el periodo del 18 de noviembre de 2020 al 20 de septiembre de 2022, y que ya se han pagado casi cinco millones que se unirán a los 1,5 que abonará próximamente la Ciudad Autónoma.
En cuanto a Purísima, en mayo de 2024 el Ejecutivo regional abonó a la empresa Arquisocial más de seis millones, y en enero y marzo de 2025 se consignan en el juzgado más de 2,5 millones más 5.200 en costas.
Mohatar señala que quedan pendientes por pagar más de 2,5 millones, y que corresponden de abril a diciembre de 2024.
