Denuncia que esta situación “crea un colapso social que imposibilita la propia gestión de solicitud de expediente” para obtener la Tarjeta de Residencia
La Comisión Islámica de Melilla (CIM) ha solicitado a la Delegación del Gobierno y a la Jefatura Superior de Policía de Melilla que revisen la práctica de incoar expedientes sancionadores a los ciudadanos residentes con problemas documentales, ya que por temor a serles abierto un expediente de expulsión, tal y como han admitido a este periódico desde la CIM, “no acuden a ninguna de las administraciones para realizar los trámites necesarios para ejercer el derecho a la educación de sus hijos o el acceso a la sanidad”.
La federación religiosa que preside Hassán Laboudi entiende que “esta práctica tiene un claro efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, supone una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica y vulnera el Estatuto de la víctima y crea un colapso social que imposibilita la propia gestión de solicitud de expediente de residencia, por parte del residente con problemas documentales”.
A juicio de la entidad que aglutina a las asociaciones musulmanas, este temor a que se les abran expedientes de expulsión, como asegura un portavoz que ha ocurrido con la escolarización de niños durante estos últimos años, daña gravemente la concepción del derecho a presentar su caso, “afectando esta imposibilidad seriamente la convivencia, por lo que solicitamos la paralización de toda gestión de sanción administrativa, mientras se proceda al proceso de presentación y estudio del caso a caso”.
Por último, la CIM ha lamentado la ralentización de las gestiones propias de la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno de Melilla “por estar realizando su personal, otras gestiones relacionadas con las tareas administrativas concernientes a los Planes de Empleo”.
