La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado públicamente que un agente herido en la contención de un intento de salto a la valla de Melilla de 2.000 migrantes en marzo de 2022 ha sido expedientado por pérdida de aptitudes psicofísicas debido a las lesiones que sufrió, pese a su evolución favorable.
En una nota de prensa, AUGC asegura que el agente expedientado sufrió la rotura del casco antidisturbios que llevaba, además de abrasiones en el brazo izquierdo, diversas lesiones cervicales y la baja para el servicio, en un salto a la valla donde los migrantes “eran numerosos eran violentos y portaban objetos contundentes y punzo cortantes” y los agentes “llegaron a temer por su vida”.
La asociación afirma que, casi 15 meses después de lo sucedido, la Dirección General de la Guardia Civil ha abierto un expediente para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas o limitaciones para determinados destinos, cuando el agente está evolucionando favorablemente y es recuperable con el tratamiento adecuado, según la Junta Médico Pericial.
“Así recompensa la Guardia Civil a uno de sus trabajadores tras 23 años en la Agrupación de Reserva y Seguridad, del total de 27 de servicio y por cumplir con sus deberes, obligaciones y las órdenes del mando”, ha lamentado la AUGC, que reconoce no dar crédito ante la apertura de este expediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas.
Reprocha a la Dirección General de la Guardia Civil que “no es capaz de ver la labor que desempeñan sus trabajadores y el riesgo a que están sometidos por poseer material cuya vida útil caducó, anticuado, deficiente y sin un seguro de responsabilidad civil”.
Ha recordado que lleva desde 2020 reclamando la sustitución y actualización del material antidisturbios, como son los cascos, escudos, espinilleras y anti traumas, al haber superado su vida útil en más de diez años, según las especificaciones de la empresa fabricante FEDUR.
“A este dato, según la Dirección General de la Guardia Civil, le suma 5 años más de vida útil”, agrega la AUGC, de manera que la vida útil estimada aproximada de esos elementos, considerados el primer elemento de protección, es de 15 años “con uso y ambientes apropiados”.
La AUGC se pregunta por qué el instituto armado “sigue reparando cascos y material que el mismo fabricante no se hace responsable de los daños derivados de su uso por tener la vida útil superada con creces”.
Además, ha advertido de que “la solución no es comprar de manera apresurada 300 cascos antidisturbios y chalecos anti traumas”, que son, además, insuficientes para todos los agentes del GRS, “que llevan más de 20 años con el mismo material” y deben compartirlo entre los comisionados y sus relevos.
Según la información que ha proporcionado a AUGC la Dirección General de la Guardia Civil, son 8.576 los cascos de los que dispone el Cuerpo, de los cuales 8.030 fueron fabricados antes de julio del año 2007, “sin poder especificar la fecha exacta”.
Además, otros 110 son del año 2008, 286 de 2011 y 80 en 2012, mientras que hay otros 70 de los que se desconoce su antigüedad, aunque es posterior a 2007.
Por lo tanto, AUGC deja claro que la mayoría del material antidisturbios que actualmente utiliza el GRS no reúne las condiciones óptimas para su uso, cuando es “de vital importancia para preservar la seguridad e integridad de los guardias civiles” que actúan en situaciones similares a los del salto a la valla en el que resultó herido el agente expedientado.
AUGC cree que la causa-efecto de no adquirir nuevo material es “el aumento de 40 heridos a posibles fallecidos o se recompense, como es el caso, en la posible pérdida de especialidad”.
