Tras la revocación de la Audiencia Provincial de la resolución que pesaba sobre el interventor de la Ciudad Autónoma, ya no quedan responsables autonómicos con medidas cautelares en la llamada "Operación Ópera", por la que se investiga presuntas irregularidades en la contratación pública de la Ciudad. Francisco Platero era el único que faltaba para que le devolvieran su pasaporte y no tuviera la obligación de ir a firmar al Juzgado periódicamente -en su caso una vez al mes- después de que ocurriera lo mismo con el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, el ex titular de este área Ramón Gavilán, el director general José Pastor y el jefe de la Oficina Técnica de Protección del Ambiente Urbano, Luis Carlos López Rueda. Las medidas que dictó la jueza María José Alcázar, que ya no ejerce en Melilla, van cayendo una a una y como, subrayó el Gobierno, podrían quedar "en nada".
La sección séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla ha acordado rechazar la decisión de la que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, María José Alcázar, de imponer medidas cautelares al interventor de la Ciudad, Francisco Platero. La instancia judicial superior ha tomado esta determinación después de aceptar el recurso presentado por la defensa de Platero que alegó "falta de motivación" de la jueza además de falta de proporcionalidad, inconcreción de los hechos que se les acusaba y, sobre todo, la inexistencia de referencia a la participación de Francisco Platero en los hechos investigados por el Juzgado número 4. Además subraya que los hechos que tratan la causa son anteriores al año 2011, cuando aún Francisco Platero no ejercía como interventor de la Ciudad Autónoma, cargo al que llegó en el mes de diciembre de 2012, tras el fallecimiento del anterior interventor.
Con esta resolución de la Audiencia Provincial, se revocó la tomada el 18 de octubre de 2013 por la juez María José Alcázar, que decidió que el consejero de Medio Ambiente José Ángel Pérez Calabuig; el ex consejero, Ramón Gavilán; el director general del mismo área, José Pastor; el jefe de la Oficina Técnica de Protección del Medio Ambiente, Luis Carlos López Rueda y el interventor de la Ciudad, Francisco Platero les fueran retirados sus respectivos pasaportes para que no salieran del territorio nacional, y también estuvieran obligados a ir a firmar el día 20 de cada mes a sede judicial. Tras conocer el auto, el portavoz del Gobierno, Daniel Conesa, se mostró "feliz por la anulación por la Audiencia de las injustificadas medidas cautelares impuestas por la jueza Alcázar al interventor Francisco Platero".
