Hace unos días, los grupos políticos representados en la Asamblea se sentaron en el seno de la Comisión de Presidencia y Seguridad Ciudadana para empezar a debatir el Reglamento para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio. Sin embargo, se quedó en una simple intención porque la oposición pidió al Gobierno que pospusiera este asunto hasta después del verano, según informó a MELILLA HOY el consejero de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Calderón, que aceptó finalmente esta petición con la condición de que no se demore más allá de septiembre su aprobación. La oposición alegó que el verano no era el mejor momento para abordar este asunto y que era más conveniente dejarlo aparcado de forma provisional hasta después de las fiestas patronales, momento elegido habitualmente para retomar la mayoría de los proyectos y actividades administrativas en nuestra ciudad. Todos dieron el visto bueno a esa propuesta, de modo que el Reglamento de Convivencia no se retomará hasta el 10 de septiembre en la Comisión de Presidencia y Seguridad Ciudadana, con vistas a que pueda ser elevado al Pleno de la Asamblea para su aprobación a finales de ese mes de septiembre.
Calderón dejó claro que este reglamento no nace con afán recaudatorio, sino que las sanciones son “la última consecuencia” de un acto incívico. El objetivo es “profundizar en el respeto a la convivencia de todos y que ésta se pueda mantener”, pero “el que no quiera cumplirla debe tener una corrección de alguna manera”, que viene en forma de sanción “ejemplarizante” para quien protagonice actos incívicos.
Cambiar las sanciones
El Reglamento contempla numerosas infracciones susceptibles de sanción, catalogadas como leves, graves o muy graves, para las que se han fijado en el borrador una serie de cuantías “orientativas” que podrían ser modificadas si así lo acuerdan los grupos políticos.
Cabe recordar que la sanción para la mayoría de infracciones leves puede llegar hasta un máximo de 750 euros, salvo algunas en las que el tope establecido es un poco más bajo, como el hecho de no recoger los excrementos de las mascotas, cuyos dueños podrían ser castigados con hasta 500 euros. El consejero apuntó al respecto que se trata de un borrador y que el Gobierno está dispuesto a modificar esas cuantías como pedía Coalición por Melilla (CPM), que propuso que las infracciones leves llegaran hasta los 250 euros, las graves hasta 500, y las muy graves hasta los 750.
En definitiva, aseguró que el Gobierno sigue abierto a las propuestas de la oposición, algo que ya ha puesto de manifiesto al recordar que las que ha recibido han sido aceptadas en su mayoría salvo las que no podían ser por razones legales. Sin embargo, no está dispuesto a posponer mucho más tiempo este asunto, dado que se está demorando más de la cuenta en su tramitación. No en vano, recordó que el borrador fue entregado en el mes de enero, por lo que han pasado ya varios meses para que pudiera ser consensuado.
La idea, por tanto, es tenerlo aprobado inicialmente a finales de septiembre y que Melilla pueda emular a otras ciudades españolas donde ya existe un Reglamento de Convivencia. De hecho, indicó que el borrador que se ha elaborado en Melilla está basado en los de ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga, de modo que “no nos estamos inventando nada”.
