La Asamblea de Melilla dio ayer luz verde a dos reconocimientos extrajudiciales para el pago de alrededor de 700 facturas atrasadas de años anteriores, cuyo importe total se eleva a 3.921.617 euros. La mayoría del PP y Grupo Mixto fue suficiente para aprobar esta cuestión, que abarcó cerca de una hora y cuarto de denso debate que parecía un constante deja vu respecto a otros plenos similares por los argumentos de la oposición para expresar su rechazo a lo que consideran una mala praxis del Gobierno, y la respuesta de éste justificando que la Administración local tiene que abonar los servicios realizados por las empresas proveedoras para no incurrir en un enriquecimiento injusto por el que las empresas podrían llevarlo a juicio. Tal y como ayer aprobó la Asamblea, el Gobierno local afrontará el pago de estos casi cuatro millones de euros de facturas atrasadas en dos procedimientos diferenciados. Por un lado, 33 facturas, por valor de 265.546 euros, serán abonadas mediante un reconocimiento extrajudicial con cargo a los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de 2016.
Las otras 666 facturas atrasadas, que suman 3.656.161 euros, han sido incluidas en la denominada cuenta 413 y serán financiadas con cargo a un remanente de Tesorería de casi 5,1 millones de euros, gracias al superávit de la Ciudad Autónoma en su gestión. Para ello, también fue necesario que la Asamblea aprobara ayer un reconocimiento extrajudicial de crédito.
Ambos grupos de facturas fueron debatidos por separado, aunque el posicionamiento del Ejecutivo y los tres grupos de la oposición fue el mismo en ambos, con argumentos muy parecidos en ambos casos pese a llevar procedimientos diferentes.
El portavoz de Coalición por Melilla (CPM), Hassan Mohatar, fue muy crítico al considerar que la gestión de dinero público debe conllevar una “pulcritud” y por lo tanto, “tiene que haber un responsable” de esta “mala praxis” por parte del Gobierno local. En el caso del primer bloque de facturas atrasadas, por valor de algo más de 265.500 euros, Mohatar denunció que se había dado un fraccionamiento de los contratos “que la Ley dice que ilegales”.
Para el PSOE, en palabras de su portavoz, Gloria Rojas, está claro que ha habido en este asunto una “negligencia” y por ello, pidió más responsabilidad y cuidado a la Administración a la hora de tramitar las facturas, pues el reconocimiento extrajudicial que ahora es necesario para pagar servicios, obras y suministros de años anteriores “debe ser un procedimiento excepcional y darse en momentos muy concretos”. A su juicio, esto no ocurre porque la Asamblea debe aprobar un par de veces al año cuestiones de este tipo, pero lamentó que por parte del Gobierno local “la culpa siempre sea de los demás”.
Ciudadanos (C’s), por su parte, se mostró de acuerdo en que hay que pagar a los proveedores, pero preguntó al Gobierno por qué no se hace en tiempo y forma, evitando que se acumulen facturas de años anteriores. Y como ya hiciera el PSOE, el portavoz de la formación naranja, Eduardo de Castro, lamentó que el Gobierno no asuma su parte de responsabilidad.
La Ciudad gestiona decenas de miles de facturas al año
El portavoz del PP, Daniel Conesa, y la consejera de Hacienda, Esther Donoso, fueron los encargados de responder a los tres grupos de la oposición. Ambos coincidieron en señalar que el reconocimiento extrajudicial es un acuerdo legal para el pago de servicios prestados. En resumen, un “arma legal” con la que cuenta la Ciudad Autónoma para no perjudicar a los acreedores y evitar que se produzca un enriquecimiento injusto de la Administración.
También negaron que el Gobierno esté haciendo un “uso abusivo” de este procedimiento. Así, Conesa pidió a la oposición que no haga “generalizaciones” porque frente a la tramitación de decenas de miles de facturas al año, que suman más de 200 millones de euros de pagos por parte de la Ciudad Autónoma al año, están estas 700 impagadas que apenas llegan a los 4 millones de euros. Las cifras, insistió, “desmontan” los razonamientos de la oposición, a la que pidió que no dramatice con el asunto.
Donoso criticó además la postura en contra de la oposición. “Los acreedores van a cobrar porque nosotros tenemos mayoría. Si fuera por ustedes, no cobrarían”, afirmó. Finalmente el procedimiento que permitirá saldar la deuda de la Ciudad Autónoma con estas 33 facturas atrasadas salió adelante con 12 votos a favor (PP y Mixto) y 11 en contra (CPM, PSOE y C’s).
La cuenta 413
Pero el grueso de las facturas atrasadas, con cargo a la cuenta 413, no fue aprobado hasta media hora después, tras otro denso debate entre Gobierno y oposición, pese a las peticiones en vano del presidente de la Asamblea, Juan José Imbroda, para que los portavoces fueran al grano y no agotaran todos sus tiempos de intervención.
CPM y PSOE criticaron la manera en que fueron convocados a la comisión para debatir este asunto, con 48 horas para analizar varios tomos con 666 facturas atrasadas. Donoso reconoció la premura y se comprometió a dejar más tiempo la próxima vez y tramitarlos en el primer semestre de 2017 en vez de dejarlo para el final, como ha ocurrido ahora, cuando el Gobierno local se ha quedado apenas sin tiempo para poder aprobarlo antes del 31 de diciembre.
Los tres partidos de la oposición también coincidieron en dejar claro al Gobierno su disconformidad con que la cuenta 413 sea “un cajón de sastre” en el que quepa todo, algo que Conesa, como portavoz popular, rechazó de plano. El PSOE agregó además una petición para que este procedimiento se utilice “de forma exquisita” y evitando su uso “indiscriminado” para que no se queden facturas “congeladas en el cajón”.
CPM ahondó al criticar que algunos de los departamentos de la Ciudad Autónoma son los que más facturas atrasadas aportan. Entre ellos, citó a Festejos como “el campeón”, y también Deportes, cuestión que también señaló el PSOE, que rechazó algunos gastos como una factura de una cena de 17.000 euros. “Es imposible separar este reconocimiento extrajudicial para que cobren los acreedores con nuestro posicionamiento político”, dijo Rojas.
Donoso, sin embargo, consideró que el objeto del debate era el pago de las facturas y no el objeto, para cuyo análisis “hay otros foros y mecanismos” al alcance de la oposición. Conesa, por su parte, insistió como en el punto anterior en señalar que a veces el impago de las facturas se da por errores de las empresas a la hora de presentarlas y otras, por errores administrativos.
Para CPM, está claro que los principios de eficacia y eficiencia que deben primar en la Administración no llegan en este caso “ni al 50%”. Por su parte, C’s insistió en que el Gobierno no culpe a los funcionarios ni “abuse de los resortes legales”.
Al final, como en el punto anterior, PP y Grupo Mixto permitieron sacar adelante con sus votos este reconocimiento extrajudicial, dado el rechazo de los otros tres grupos de la Asamblea.
