El pasado 27 de octubre se cumplieron dos años de la muerte de los jóvenes melillenses Amin Mohamed y Abdeslam Ahmed, dos amigos conocidos como Emin y Pisly, abatidos por disparos de la Marina Real de Marruecos. Sus familias los han recordado desde entonces, mes tras mes, con concentraciones en la puerta del Palacio de la Asamblea pidiendo justicia. Ayer, casi 26 meses después del triste suceso, el recuerdo hacia los dos chicos se produjo dentro del edificio, en el Salón de Plenos, donde la Asamblea aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que reclama al Gobierno central que actúe en colaboración con Marruecos para que se esclarezca este caso de una vez por todas. La declaración institucional en sí, de pocas líneas, transmite el apoyo y solidaridad de la Asamblea a las familias de los jóvenes melillenses Emin y Pisly. En ella, la institución insta al Gobierno de la Nación «para que realice cuantas iniciativas y acciones sean necesarias en colaboración con el Gobierno marroquí para esclarecer los hechos y juzgar a los responsables».
Esta declaración había sido consensuada previamente en la Junta de Portavoces por todos los grupos políticos. Tras su aprobación ayer, la Asamblea se la hará llegar a las familias de los dos jóvenes. Además, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, expresó su compromiso, antes de levantar la sesión, a remitir la declaración al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Fuerza simbólica
Este asunto copó el pleno extraordinario celebrado ayer. Fue, de hecho, el único punto que se abordó durante la sesión, que se prolongó durante apenas cinco minutos, pero que tuvo un enorme simbolismo no sólo por la fuerza de la unanimidad con la que salió adelante este asunto. También por el relato crudo de los hechos con el que fue expuesto a cargo del secretario general de la Asamblea durante la lectura del expediente, mucho más largo y detallado que la declaración institucional en sí misma.
En él, la Asamblea recuerda que, según el atestado de la Gendarmería de Marruecos, la patrullera de la Marina Real de ese país «apuntó a dar» a los dos jóvenes melillenses, que murieron por 26 disparos en el caso de Pisly, y 15 en el de Emin. La autopsia realizada por forenses españoles revelaba que ambos tenían «golpes en la frente, hematomas en el tórax y disparos horizontales, por lo que fueron agredidos antes de recibir los disparos a corta distancia».
«Este dato contradice la versión de las autoridades de Rabat, que señalaba que los dos jóvenes fueron abatidos durante una persecución», continúa el expediente leído ayer en la Asamblea, en el que se recuerda que los informes oficiales del gobierno marroquí confirman que no había nada en la embarcación de los dos jóvenes que indicara que estuviesen cometiendo ningún delito.
El documento recuerda que «las familias se concentran cada mes para pedir justicia. Lo están pasando muy mal por el dolor que lleva aparejado estas irreparables pérdidas» y el tiempo que pasa sin que se haga justicia «y sin las pertinentes explicaciones». Pero Marruecos, que mantiene que la investigación está bajo secreto de sumario, «no envió nunca esas investigaciones a ningún tribunal militar», tal y como admitió a las familias el general encargado de distribuir los casos que los juzgados marroquíes investigan.
A ello se suma el hecho de que ha pasado más de un año y medio desde que el portavoz del Gobierno marroquí prometió, dos meses después de las muertes, que remitiría los resultados de la investigación por vías diplomáticas. También recuerda la versión de las familias, y es que no quieren provocar un conflicto entre España y Marruecos, sino «sentar en el banquillo a los asesinos de sus hijos y que sean juzgados».
