El consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura, ha rechazado las afirmaciones de CPM y Somos y niega que exista déficit ni mala gestión en la gestión de residuos de dicha empresa
El Pleno de la Asamblea de Melilla ha aprobado con la unanimidad de los diferentes grupos políticos la modificación del encargo a medio propio personificado y de la encomienda de gestión de la Ciudad Autónoma a ‘Residuos Melilla’ (REMESA) para la gestión de residuos y actividades relacionadas con el medio ambiente en la ciudad.
La Consejería de Medio Ambiente ha defendido este punto como una “medida necesaria” para adaptar el servicio público de gestión de residuos a “una realidad que ha cambiado de forma significativa en los últimos años”.
A pesar de la unanimidad en la votación, este asunto ha generado debate entre PP, CPM y Somos, y que se ha centrado principalmente en la gestión económica de Remesa.
Por un lado, el diputado cepemista Emilio Guerra, ha argumentado que la subida en las tarifas que se ha regularizado “no responde a ninguna neutralidad, sino a la acumulación de pérdidas en los años anteriores y al retraso por varias circunstancias en aprobar las tarifas en los plazos previstos”. Así, asegura que Remesa viene acumulando un déficit de 1,2 millones de euros y que la planta de valorización energética “sigue en pérdidas” según la última OPA de 2025, a pesar de contar con ingresos por renta de electricidad, y que ronda los 650.000 euros.
En la misma línea se ha expresado el diputado de Somos Melilla, Amin Azmani, quien ve “innegable” un déficit económico en Remesa, que “tiene mucho que ver con la gestión deficitaria de la empresa pública”.
“No existe ningún déficit”
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura, ha rechazado las afirmaciones de CPM y Somos y niega que exista déficit ni mala gestión en la gestión de residuos de Remesa.
“No existe ningún déficit, existe retraso”, ha aclarado, explicando que concurren “circunstancias sobrevenidas de carácter excepcional”, como la entrada en vigor de nuevas exigencias normativas en materia de residuos, el aumento y la diversificación de los flujos gestionados, así como la ampliación de las funciones que deben asumir las instalaciones existentes, incluyendo el CATVFU, el Punto Limpio y las plantas de transferencia.
A ello se suma la necesidad de reforzar la estructura técnica, operativa y organizativa del medio propio, que en la actualidad presenta “carencias” en personal clave y dificultades para garantizar una cobertura adecuada de los servicios en determinados turnos y áreas críticas.
Desde el punto de vista económico, ha señalado que el expediente pone de manifiesto que el sistema tarifario vigente no permite cubrir de manera “suficiente y estable” el coste real del servicio.
Esta insuficiencia, explica, se traduce en “pérdidas acumuladas y en la imposibilidad de alcanzar el margen máximo del 4 % previsto para este tipo de entidades, lo que compromete tanto la viabilidad económica del encargo como la calidad y continuidad del servicio prestado”.
