La Asamblea de Melilla aprobó ayer tres reconocimientos extrajudiciales de créditos para el pago de facturas de ejercicios anteriores que no fueron abonadas en su ejercicio económico correspondiente, que suman un total 121.265 euros. Estos tres reconocimientos extrajudiciales salieron adelante con los únicos votos favorables del PP y el Grupo Mixto, ya que los tres grupos de la oposición, Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (C’s), se abstuvieron o votado en contra tras criticar la forma en que el Gobierno melillense gestiona el dinero público. Los tres recordaron al Ejecutivo que hace apenas tres meses, en septiembre, la Asamblea ya aprobó un reconocimiento extrajudicial de cerca de 2,2 millones de euros para pagar casi 700 facturas pendientes de pago, algunas desde 2009. El más crítico con este asunto fue CPM, cuyo portavoz, Hassan Mohatar, calificó el debate de este punto como “el segundo acto de una película mala”. Además, reprochó al Gobierno local que haga “un uso abusivo” de la cuenta 413 para abonar facturas pendientes de ejercicios anteriores.
“Cualquier administración debe funcionar bajo la eficiencia y la eficacia, y esta Administración no lo ha hecho”, lamentó Mohatar, que consideró este hecho como “un ejemplo claro de la improvisación” con la que actúa el Gobierno melillense, así como la “descoordinación y falta de entendimiento” entre sus consejerías.
Mohatar, que preside la Comisión de Control por la que han pasado muchas de estas facturas pendientes, dijo al Gobierno que recurrir a la cuenta 413 “no puede ser la tónica general” de gestionar la Ciudad Autónoma, hasta el punto de utilizarlo como “un cajón de sastre cada vez que haya que pagar una factura” que no corresponde al año en curso.
El PSOE, a través de su diputado Francisco Vizcaíno, reiteró la postura que ya mantuvo su grupo el pasado mes de septiembre cuando se aprobó el anterior reconocimiento extrajudicial. Así, pidió “rigor y esfuerzo” al Ejecutivo para que las facturas estén ordenadas por fechas. Pese a ello, dijo que no iba a votar en contra “para defender a los proveedores de las facturas”, pero insistió en que no se vuelva a recurrir a la cuenta 413 “como una forma de sacar adelante facturas anteriores”.
Por su parte, Ciudadanos (C’s) apuntó al Gobierno que el uso de la cuenta 413 “no puede convertirse en una especie de excusa absolutoria para justificar lo que no se ha hecho a su debido tiempo” debido a una “mala gestión y previsión”. “Hay que pagar a quien no ha cobrado aún, no se discute este reconocimiento extrajudicial. El problema es cuando se deviene en rutina”, explicó.
“Dramatismo excesivo”
Estos argumentos fueron rebatidos por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Daniel Conesa, que acusó a la oposición de dar un “dramatismo excesivo” a este asunto, dado que la cuenta 413 es un mecanismo habilitado por la Ley para hacer frente al pago de facturas que no se han podido tramitar en su ejercicio.
Esto es algo que, tal y como apuntó Conesa, no se puede evitar al 100%, ya que ante un volumen tan importante de facturas como son el que tiene que afrontar la Ciudad Autónoma, es lógico que se cometa algún error en la tramitación. En algunos casos, además, recordó que los retrasos no son achacables a la Ciudad Autónoma, sino a los proveedores que presentan tarde sus facturas e incluso después de varios años, pero aún así debe afrontar el pago porque lo contrario supondría “un enriquecimiento ilícito” de la Administración. Para evitarlo, el Gobierno de Zapatero creó este mecanismo que permite pagar facturas atrasadas.
En cualquier caso, dejó claro que la utilización de esta vía no es la tónica general de la Ciudad Autónoma y que este retraso en el pago a proveedores afecta a “un número mínimo” de facturas. Asimismo, recordó que otras administraciones públicas también recurren a esta opción y avanzó que la Ciudad Autónoma seguirá utilizando “cuantas veces sea necesario para que los proveedores cobren en el menor tiempo posible”.
Por ello, negó que sea “un procedimiento que se haga de manera rutinaria o excesiva”, como ayer insistieron los grupos de la oposición, ya que en total han sido unas 700 facturas atrasadas las que han pasado por la Asamblea, de las “decenas de miles” que paga la Ciudad Autónoma.
